Por qué la liberación de la madre del narcotraficante ‘El Marro’ ha desatado un enfrentamiento entre López Obrador y la oposición

La madre del narcotraficante José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue liberada por falta de pruebas, tras ser detenida en un operativo que provocó una oleada de violencia en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, en el centro de México. 

Un caso que detonó polémica por la manera en que las acciones del Poder Judicial, el Gobierno estatal y el Gobierno federal derivaron en la liberación de los familiares del narcotraficante, quien previamente había lanzado varias amenazas contra las autoridades. 

La liberación

El pasado 20 de junio, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo para detener a 31 personas presuntamente involucradas con el Cártel de Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato.

Una de las personas detenidas fue María Eva ‘N’, madre de ‘El Marro’. En un comunicado conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato señalaron que la mujer figuraba como una de las «presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial, hecho que originó diversos ataques a las vías de comunicación».

Tras la detención, el cártel realizó varios ataques, incendiando vehículos en la ciudad de Celaya. Posteriormente, ‘El Marro’ difundió un video en el que amenazó a las autoridades por la detención de sus parientes. «Esto es para ustedes Gobierno: humillaron a mi familia, voy a ser la piedra en su zapato», dijo el capo.

La mujer fue liberada el domingo 28 de junio por falta de pruebas, luego de una audiencia realizada en el Cereso de Pentecillas, en el citado estado mexicano.

En dicha audiencia, la jueza Paulina Iraís Medina Manzano determinó no vincular a proceso a María Eva ‘N’, al considerar que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) no aportó las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones de narcomenudeo.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco presentó pruebas por delincuencia organizada, delito que pertenece al ámbito federal.

Una de las razones que utilizó la jueza para liberar a la madre del narcotraficante es que varios de los detenidos supuestamente presentaban signos de tortura, además de existir presuntas irregularidades con las órdenes de cateo. 

Además de la madre del Marro, las autoridades liberaron a otras cuatro personas detenidas en el mismo operativo realizado en San Isidro Higuera.

La semana pasada, Rodolfo ‘N’, padre del narcotraficante Yépez Ortiz, también fue liberado tras pagar una fianza de 10.000 pesos (430 dólares), luego de pasar tres meses en prisión al ser detenido por elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas estatales de Guanajuato cuando se encontraba a bordo de un vehículo con reporte de robo y placas sobrepuestas.

Un asunto que ha generado polémica, debido a la sospecha de que algunas autoridades, tanto del Poder Judicial como de los distintos niveles de Gobierno, pudieran estar protegiendo a integrantes del crimen organizado. 

En el último año, Guanajuato ha sido uno de los estados del país con mayor número de asesinatos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

López Obrador: «Es muy raro lo que está pasando»

La liberación de la madre de ‘El Marro’ incluso levantó las sospechas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que, en ocasiones, algunos jueces suelen usar inconsistencias en el expediente como pretexto para liberar a delincuentes.

«Yo lamento mucho esto, tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos: ineficiencia y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes, porque no se integró bien la averiguación, y es una forma de ocultar un acuerdo (…) no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hay una falla en la hora de la detención, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes«, aseguró.

En su conferencia matutina de este lunes, 29 de junio, López Obrador agregó que su administración investigará lo sucedido. «Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato, es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios, pero ya lleva tiempo», dijo el mandatario.

Además, señaló que el hecho de que el actual fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, lleve 12 años en el cargo, pese al incremento de violencia que ha registrado la entidad en los últimos años, es digno de llamar la atención.

«El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación en Guanajuato, desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del Gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo completamente, estamos hablando más del 20 % de homicidios que se comenten en el país», explicó.

La respuesta del gobernador

Por su parte, el gobernador guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez, criticó que el presidente López Obrador politizara la crisis de seguridad en el estado. En este sentido, acusó que la Fiscalía General de la República no atrajera el caso de la madre de ‘El Marro’. 

«La Fiscalía General de México debió atraer el caso, pero no sucedió. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo», señaló el gobernador en un tuit

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un posicionamiento sobre el caso.

El trasfondo político

Las declaraciones de López Obrador tienen un componente político. La semana anterior, por ejemplo, el mandatario reconoció que tiene algunas diferencias con el gobernador de Guanajuato, del opositor PAN.

Rodríguez se ha negado a participar en las reuniones de seguridad a las que asisten mandos de las fuerzas federales.

Asimismo, Guanajuato fue sede de un acto político, realizado el 14 de junio, en el que el Grupo de Gobernadores del PAN (de nueve estados del país: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán) emitió un posicionamiento contra el presidente López Obrador, a quien acusaron de impulsar el regreso de una «República Monárquica».

Guajajuato ha sido históricamente el bastión electoral del conservador PAN, el principal partido opositor al presidente López Obrador.

Esto explica, en parte, el motivo por el que el presidente mexicano suele enfatizar que entre el 15 % y 20 % de los homicidios registrados en el país se registran en esta entidad, donde el robo de combustible representa uno de los principales ingresos de organizaciones criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima.

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En 2019, Guanajuato registró 3.540 homicidios dolosos, equivalentes al 10,22 % de los asesinatos ocurridos a nivel nacional, a pesar de que dicha entidad posee el 4,9 de la población que existe en todo el país. De enero a mayo de 2020, Guanajuato informó de 1.903 asesinatos, equivalentes al 13 % de los homicidios a nivel nacional.

La liberación de la madre del líder del Cártel Santa Rosa de Lima ha puesto sobre la mesa la manera en que los aparatos de justicia han sido utilizados para proteger a delincuentes en México, tal como ha reconocido el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado la necesidad de realizar una «limpia» al interior del Poder Judicial, debido al alto número de jueces corruptos que existen en el país.

Una «limpia» que ha sido respaldada por el presidente López Obrador, quien en febrero pasado presentó una iniciativa de reforma de ley para fortalecer al Poder Judicial. 

Un punto clave en la lucha anticorrupción que libra México, pero, también, en la batalla política que vive el país. 

Manuel Hernández Borbolla




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