«No había un protocolo de actuación»


La anunciada «medicalización» de las residencias impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no contó con una estrategia sanitaria planificada. El proyecto llevado a cabo por las empresas Transamed y Cardio Líder, bautizado como «Operación Bicho», se centró en auditar la situación en la que se encontraban los centros de mayores que visitaban. Los médicos acudían y elaboraban informes en los que registraban los profesionales con los que contaban, las necesidades que les planteaba el personal y las deficiencias que detectaban, pero sin un protocolo definido.

Las cuatro fuentes consultadas por eldiario.es que participaron en esta iniciativa aseguran que no contaron con un plan de actuación para coordinar la atención. «Iba e inspeccionaba, pero para mí lo crucial era ¿cómo ayudo? si no tengo nada con qué ayudar», explican los médicos. 

La Comunidad de Madrid encargó a Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería de Sanidad durante la COVID-19, la gestión de la crisis en las residencias. Burgueño no tenía experiencia profesional en temas sociosanitarios — según figura en su perfil de Linkedin — y optó por contratar a Transamed y GTM, empresas de Eduardo Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas.

Ante esta propuesta, Aragonés optó por reclutar a gente de su plantilla y a tres médicos venezolanos con visa de estudiante, a quienes no dio de alta en la Seguridad Social y posteriormente les amedrentó cuando pidieron ser pagados. «Hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato», les llegó a decir en una nota de voz enviada a un grupo de de WhatsApp, y publicada por eldiario.es.

A pesar de que la presidenta Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que el 12 de marzo iban a medicalizar las residencias y que los mayores contagiados iban a ser «atendidos allí mismo», cuatro fuentes del equipo sanitario que se formó para esa misión lo desmienten. Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, Aragonés les explicó al incorporarse al equipo de Transamed que su misión era realizar «valoraciones de peligro de ancianos». 

Realizar informes

«El proyecto consistió simplemente en hacer informes para que la Comunidad supiese lo que estaba fallando en las residencias y tomasen medidas sanitarias», explica uno de los sanitarios. ¿Qué sucedió con esas auditorías durante los doce días en los que el proyecto estuvo operativo? Los sanitarios consultados por esta redacción lo desconocen. «Había residencias en las que repetíamos. Volvíamos [días después] y muchas seguían igual», incide otro profesional. 

Los sanitarios formaron parte de ese operativo durante los peores días de la pandemia en los centros de mayores: en aquellas fechas se llegaron a superar los 7.000 decesos en las residencias. Meses después de esta experiencia recuerdan episodios que les marcaron. Residencias con personal viviendo en ellas porque la plantilla era escasa, fallecidos en los centros, dificultades para registrar el número de muertes, direcciones que tenían problemas para separar a los usuarios sanos de los contagiados. También cuentan que constataron recursos sin la medicación necesaria, profesionales doblando turnos, pacientes deshidratados y en una de ellas les relataron que falleció el director por COVID-19. «Llegaba a casa llorando. Me impactó la desesperación de los trabajadores en algunos centros. Veía toda la atención en los hospitales, pero tenían la sensación de que se habían olvidado de los residencias», apuntan estas fuentes. 

Ni Cardio Líder ni Transamed les aportaron indicaciones concretas sobre la atención que tenían que brindar a los ancianos, inciden estas fuentes. Algunos habían pasado por el hospital de campaña de Ifema y desplegaron las instrucciones que les habían planteado allí sobre «manejo de los pacientes». La única norma recibida por parte de Transamed que citan las fuentes consultadas fue la orden publicada en el BOE sobre sectorización de centros de mayores, que instaba a crear diferentes zonas para que usuarios libres de COVID-19 no conviviesen con casos sospechosos o confirmados. 

«Si existía algo más yo no lo tuve entre mis manos y a mi no me lo proporcionaron. No había un protocolo de actuación, más allá de lo que los geriatras de los hospitales de referencia [de las residencias] iban comentando y lo que se iba haciendo sobre la marcha», apunta uno de los sanitarios. El resto de profesionales que han atendido a esta redacción confirman que no recibieron ningún «protocolo de actuación». «Todo lo hacíamos por intuición», detalla una de ellas. Lo más parecido a una docencia se produjo el 14 de marzo, doce días antes de que empezasen a gestionar residencias y cuando dos de los tres médicos venezolanos todavía no trabajan para la compañía. Ese día se realizó una formación en la sede que tiene la empresa en Ávila que consistió «en aprender a ponerse en EPI», inciden dos fuentes consultadas.  

El procedimiento diario se centró «en entrevistarse con la dirección del centro» preguntándoles lo que se planteaba en los informes que sellaban y firmaban los médicos venezolanos junto a su número de colegiado. Este documento se emitía junto al logo de Cardio Líder, GTM y Salud Madrid, organismo encargado de la sanidad pública de la Comunidad. 

Ante casos urgentes, los sanitarios trataban de aportar su experiencia. Uno de ellos relata que su equipo atendió a una paciente deshidratada «en estado de convalecencia y con muchos días de deshidratación». «Tratábamos de dar asistencia humanitaria», añade. Este relato coincide con la información que Aragonés aportó a El País, que recogió que la intervención de los profesionales de Transamed solo se produjo «cuando un paciente precisaba ayuda inmediata».

Las fuentes consultados echaron de menos a geriatras en su equipo. Consideran que un perfil profesional formado en ese campo hubiese sido necesario para desarrollar un proyecto centrado en residencias. «No es lo mismo un médico general que te resuelva una emergencia a un geriatra que puede identificar si un paciente está en paliativos y necesita morfina», apunta uno de los sanitarios. También consideran que haber tenido un contacto directo con la Comunidad de Madrid, la administración que les amparó para entrar en estos centros, hubiese hecho más productivas sus visitas. De manera que si hacía falta un enfermero, un médico o un auxiliares en una residencia se hubiese facilitado. 

El proyecto estuvo operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril. Durante aquellos días el tono entre los gerentes de las empresas que llevaban a cabo la «Operación bicho» era eufórico. «Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa», planteó Burgueño, según publicó El País.

eldiario.es ha tratado de recabar la versión de Transamed, Cardio Líder y la Consejería de Sanidad, sin haber recibido respuesta por el momento. 




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