El Senado pide al Gobierno que permita a los ayuntamientos invertir su ahorro con el apoyo del PSOE ante el malestar de los alcaldes


En plena rebelión de los alcaldes, con los socialistas a la cabeza, el Senado ha debatido una iniciativa para reclamar al Gobierno que permita a los ayuntamientos gastar el ahorro que tienen parado en los bancos fruto de la ley de sostenibilidad de Cristóbal Montoro que obliga a las entidades locales a destinar el superávit a amortizar la deuda. La moción impulsada por el Partido Regionalista de Cantabria llegaba en el peor momento para el Ejecutivo, que negocia (por ahora sin éxito) con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la posible flexibilización para que los consistorios puedan invertir su remanente, y ha obligado al portavoz socialista, Ander Gil, a negociar con el resto de grupos una rebaja en la exigencia inicial. 

El Senado ha aprobado con 230 votos a favor, entre ellos los del PSOE, y 31 abstenciones el texto que reclama al Gobierno que busque un «mecanismo para permitir que las entidades locales con remanente de tesorería al cierre del ejercicio presupuestario anual puedan destinar parte del mismo a las actuaciones e inversiones necesarias sin comprometer financieramente los objetivos de los ejercicios subsiguientes, estudiando los cambios normativos que fueran precisos». 

La moción -que no tiene efectos jurídicos ni legislativos más allá de hacer una petición al Gobierno en nombre del Parlamento- también insta al Gobierno a «consensuar la revisión del modelo de financiación autonómica y local», según la redacción de la enmienda transaccional que han firmado PSOE, PP, ERC-Bildu, Izquierda Confederal, el grupo nacionalista (JxCat, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario), el Grupo Mixto y PNV -que no ha votado a favor-. 

Durante el debate, el senador socialista Alfonso Carlos Moscoso ha recordado que el problema se remonta a la reforma legislativa que llevó a cabo el PP en 2012, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. El parlamentario del PSOE ha asegurado que el Gobierno está comprometido con el municipalismo. Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el compromiso de modificar la normativa impulsada por Mariano Rajoy, al igual que en el programa de la coalición. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó el martes que está abordando el asunto con la FEMP y confía en encontrar una fórmula para que las corporaciones locales puedan invertir el superávit. Pero la propuesta que trasladó el presidente, Abel Caballero, a la junta de gobierno no convence a los regidores, que reclaman que se pueda invertir la totalidad del remanente mientras que Hacienda sostiene que solo puedan gastar una parte. En su oferta, Montero plante que tercio del remanente se utilice para la compra de material relacionado con la COVID y la contratación de servicios y personal contra la pandemia y de ese tercio, un siete por ciento se destine a la compra de vehículos híbridos para los consistorios. Los otros dos tercios de los 28.000 millones irían con cargo a endeudamiento y a devolver en 10 años.

El portavoz del PP, Fernando Priego, ha asegurado que «no hay obstáculo legal ni ley Montoro» que impida ampliar el catálogo de cuestiones en las que se puede invertir el superávit. «Los remanentes son un recurso de gestión ordinaria de las entidades locales y no podemos jugar con ellos. No podemos permitir la imprevisión y no podemos permitir que se amenace con la incautación de esos ahorros», ha afirmado. 

También Ciudadanos se ha mostrado partidario de una «flexibilización». «La ley de estabilidad presupuestaria resulta demasiado rígida en estas condiciones», ha expresado la senadora Ruth Goñi. 

A pesar de que han secundado la enmienda transaccional, ERC y PNV consideran que es una redacción insuficiente para las exigencias que ambas formaciones le hacen al Gobierno de Pedro Sánchez. «Este es un texto que va muy bien al Gobierno del PSOE porque le permite ganar tiempo», ha explicado el senador catalán Jordi Martí. El parlamentario vasco, por su parte, considera que la petición queda «desdibujada» y ha reclamado, además, que los ayuntamientos sean tenidos en cuenta a la hora de distribuir los fondos de reconstrucción que llegarán de la UE. 

La Izquierda Confederal ha defendido que se debe derogar la «ley Montoro» para no «atar de pies y manos a los ayuntamientos» que, según ha recordado, «fueron esenciales en la desescalada y lo van a ser en la reconstrucción». «Hemos pedido en reiteradas ocasiones que se tomen medidas oportunas para que los ayuntamientos puedan disponer de competencias recursos humanos y económicos para dar la respuesta que merecen nuestros vecinos y vecinas y mucho más en estos momentos», ha dicho Josep Cervera, de JxCat. 

El senador del PRC José Miguel Fernández Viadero, impulsor de la iniciativa, ha defendido que se debe «flexibilizar las reglas de gasto y permitir el gasto paulatino y de forma ordenada de los remanentes». Aunque ha reconocido que tendrían que haber sido «más ambiciosos», ha admitido que acepta la transaccional para un «acuerdo de mínimos» y ha advertido al PSOE: «Estaremos vigilantes con el Gobierno para ver si da los pasos para modificar la financiación y la posibilidad del gasto del remanente de los ayuntamientos». 




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