El Gobierno naufraga en su primer intento de lograr un apoyo parlamentario amplio a sus medidas de reconstrucción


El Gobierno no ha logrado su objetivo de recabar un amplio apoyo parlamentario en la comisión de reconstrucción social y económica. Al menos en su primer intento. Los trabajos de la comisión, que se han extendido durante dos meses, han terminado este viernes con la votación de los respectivos informes de los cuatro grupos de trabajo. Los documentos han sido aprobados con el apoyo de los 155 diputados del PSOE y de Unidas Podemos y algunos votos puntuales para cada uno de ellos.

La ausencia de Vox, que se ha autoexcluido de la votación, ha permitido que los demás grupos mantengan sus posiciones negociadora hasta la próxima, y última, oportunidad: el debate en Pleno de los dictámenes finales el próximo 22 de julio y cuyo cumplimiento por parte de las administraciones dependerá de la voluntad política, ya que no existe vinculación legal para hacerlo.

Pedro Sánchez planteó en el momento álgido de la pandemia unos nuevos «pactos de la Moncloa» para afrontar con el mayor apoyo político y social posible los estragos de la crisis que ya entonces estaba claro que sería profunda. La negociación con el líder del PP, Pablo Casado, trasladó el marco de las conversaciones al Congreso, en una comisión parlamentaria subdividida en cuatro grupos de trabajo: Economía, UE, Sanidad, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados. 

En una votación que se ha extendido durante más de cinco horas, con cientos de enmiendas debatidas, muchas de ellas transaccionadas sobre la marcha, los partidos del Gobierno no han logrado mantener los apoyos de la investidura y apenas han ganado, en tres de los documentos, el de Ciudadanos. Los equilibrios para mantener una aritmética parlamentaria variable no solo no han logrado el objetivo de formaciones que votaron contra la investidura y han enfadado en algunos momentos a los posibles aliados.

Desde el principio la pretensión de los partidos del Gobierno ha sido la de acumular un amplio apoyo parlamentario. Por eso pactaron una propuesta de conclusiones de mínimos y con elementos muy generales. De los documentos quedaron fuera medidas que se habían anunciado, como el impuesto a las grandes fortunas al que Pablo Iglesias no ha renunciado del todo o la derogación de la reforma laboral, que al final ha provocado una división entre los dos socios de la coalición. 

También desde el PP y desde Ciudadanos se hicieron algunas concesiones, más en las formas que en el fondo en el caso de los de Casado, como han demostrado la votación de este viernes.

La posición final de cada uno viene a confirmar la sima ideológica que separa a los bloques que se conformaron tras las elecciones del 10N. El PP rechaza los cuatro documentos. En dos de ellos, Economía y Políticas Sociales, ha votado en contra principalmente por la política fiscal del Ejecutivo –que planea una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, a lo que se opone de plano el PP– y por la decisión del PSOE y de Unidas Podemos de mantenerse firmes en que la inyección de inversión que se acuerde en materia de Educación irá destinada «a los centros de gestión pública directa», lo que deja fuera a la concertada.

Lastra acusa al PP «de aliarse con la crisis»

Los de Casado, sin embargo, se abstienen en los bloques de Sanidad y Unión Europea, en los que la dirección del PP ve posible el pacto con el Ejecutivo antes del Pleno del día 22. Fuentes del Gobierno sostienen que en las negociaciones lideradas por Ana Pastor el PP ha insistido en incluir en las conclusiones la necesidad de imponer el copago sanitario, algo que el Ejecutivo de coalición ha rechazado. Los populares pretenden que el Ejecutivo asuma que «falló el sistema de detección epidemiológica» de la pandemia, que «se llegó tarde y no se pusieron los medios necesarios» desde el inicio. También reclama la creación de una agencia estatal sanitaria, así como medidas que «unifiquen» los sistemas autonómicos.

En política europea, el PP ha insistido en la materia fiscal. «Si el Gobierno socialista y de Podemos lo que pretende es que con la excusa del fondo de reconstrucción se suban los impuestos a los españoles, les decimos no», señalaba este viernes la propia Pastor en una comparecencia en el Congreso. Y añadía: «en la Unión Europea hay que ser solidarios y responsables». Además, el PP ha reclamado que PSOE y Unidas Podemos retiren del documento el punto referido a un acuerdo ente Gibraltar y las zonas españolas adyacentes.

En todo caso, el PP cree que el de este viernes es solo un paso hacia el pacto que deberá llegar en el Pleno del día 22, y hacen un balance positivo del diálogo con el Gobierno de las últimas semanas. 

La reacción del PSOE no va en ese camino. Su portavoz, Adriana Lastra, ha dicho ante los medios que para Casado «solo parece existir la política de la tierra quemada y la confrontación a cualquier precio aunque el precio lo paguen todos los ciudadanos». 

«Si algo ha dejado claro esta pandemia es la necesidad de la sanidad pública y no basta con los aplausos hay que comprometerse con los hechos», ha añadido Lastra, quien ha acusado a Casado de «aliarse con la crisis».

Si el acuerdo no ha sido posible con el PP, Vox directamente no ha participado en la negociación de las propuestas para la reconstrucción tras la pandemia. 

Desde el PSOE se han felicitado por los acuerdos sí alcanzados, como el de Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas apoyará tres de los cuatro dictámenes, según anunciaba su portavoz adjunto, Edmundo Bal. Como el PP, Ciudadanos rechaza que el documento de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados deje fuera a la educación concertada

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que en los otros tres documentos sus 10 diputados sí apoyarán las propuestas de PSOE y Unidas Podemos tras aceptar estos una treintena de enmiendas. Y ha reclamado, además de las ayudas a la concertada, que los partidos del Gobierno dejen fuera del acuerdo final a «los nacionalistas y los separatistas».

El ‘no’ de los aliados de la investidura 

Precisamente los grupos vascos y catalanes, que fueron claves en la investidura de Pedro Sánchez, tampoco han apoyado de forma generalizada los documentos de PSOE y Unidas Podemos. EH Bildu, que vio como el PSOE obligaba a repetir una votación para desmarcarse de una enmienda que abogaba por derogar la reforma laboral del PP, ha votado en contra de los cuatro documentos.

El grupo independentista ha acusado al Gobierno de «no recoger medidas básicas para la protección de la mayoría social» y pactar «con la derecha». 

En ERC tampoco han optado por apoyar al Ejecutivo de coalición al rechazar tres de los cuatro informes. En el de la UE, han optado por la abstención.

En cuanto al PNV, su posición ha sido sendos noes en los documentos de Sanidad y Políticas Sociales, después de que su portavoz, Aitor Esteban, haya denunciado un la intención «recentralizadora» del Gobierno. En el documento económico se han abstenido y en el de la UE sí han votado a favor.

Los equilibrios que han buscado los partidos del Gobierno, especialmente el PSOE, han provocado también el enfado de algunos aliados. Es el caso de Más País-Equo. En la sesión del miércoles en la resolución del grupo de trabajo sobre Economía habían pactado una enmienda que pedía que las empresas que reciban ayudas no podrán repartir dividendos. Dos días después, otra enmienda, esta vez con Ciudadanos, terminaba con esta medida.

Durante la sesión también se han producido errores, como el de Unidas Podemos apoyando una enmienda de PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya a favor de la mochila austriaca. Al detectar el error, el portavoz confederal ha reclamado repetir la votación, pero el presidente de la comisión, Patxi López, lo ha impedido. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que recurrirán la decisión.

En cualquier caso, tanto este error como todas las conclusiones aprobadas este viernes serán objeto de revisión el próximo 22 de julio en el Pleno. Será la segunda y última oportunidad del Gobierno, los partidos que lo apoyan y el resto del arco parlamentario de alcanzar un amplio acuerdo sobre las bases de la reconstrucción social y económica provocadas por la crisis del coronavirus.




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