La cumbre de la CEOE y el programa de las élites

“Confío en que nuestras propuestas lleguen de forma clara al gobierno (…) Hemos marcado la agenda económica”. Cuando estas palabras las pronuncia el presidente de la CEOE, al finalizar una cumbre en la que ha participado la totalidad del Ibex-35, llevan la marca de un mandato.

Los que de verdad mandan en España se han pronunciado, y bajo la bandera de “reconstruir España tras la pandemia”, se esconden “ajustes” que amenazan las pensiones, los salarios…

Una cumbre de clase… y de Estado

A la “macrocumbre” empresarial han asistido los más altos mandatarios de todos los gigantes del Ibex-35, desde la banca, encabezada por el Santander, a las eléctricas presididas por Iberdrola, las grandes constructoras… También han hecho aparición destacados representantes del capital extranjero en España, como la industria del automóvil o las grandes auditoras. 

Hasta 130 representantes directos de quienes de verdad mandan, sin intermediarios, pregonando durante diez días lo que hay que hacer. Nunca había sucedido nada semejante. Bajo el paraguas de la CEOE, se ha dado forma orgánica a un poder de clase unificado en torno a sus exigencias. 

Pero además, la “macrocumbre” ha contado con la presencia del Rey, el Jefe del Estado, en su jornada final. No era protocolaria. Tenía un hondo sentido político. El Estado en bloque avala sus demandas y da el “sello de garantía” a su ejecución.

La “visión a largo plazo” planteada en el documento de conclusiones fue concretada por el representante de PWC -la segunda auditoria mundial-, con unas palabras contundentes: “hay que pensar en la sociedad de los próximos 10, 15 y 20 años”. 

Los que de verdad mandan tienen un programa pensado para determinar el rumbo del país y nuestras vidas en las próximas décadas. ¿En qué sentido?

Las claves de “su programa”

De la cumbre organizada por la CEOE no han salido reflexiones o recomendaciones, sino un decálogo de medidas concretas. Todo un programa que se hará llegar al gobierno, y que se ha difundido públicamente. ¿Cuáles son sus claves?

Tres de las palabras mas repetidas en esta cumbre han sido gasto público, deuda y colaboración público-privada. ¿En qué se traducen?

Ana Patricia Botín reclama que el Estado se haga cargo del 25% de las nuevas hipotecas, ampliando su negocio sin asumir riesgos. Iberdrola propone que los presupuestos públicos costeen la instalación de la red de “electrolineras” que ellos suministrarían. Las grandes constructoras exigen una inversión publica del 3% del PIB -más de 40.000 millones- para infraestructuras que ellos construirían…

Masiva inyección de dinero público allí donde las élites económicas pueden obtener sustanciosas ganancias. Financiado con más deuda pública, de cuyo pago debemos hacernos cargo toda la sociedad.

¿Y cómo se pagará esta montaña de nueva deuda?

Las conclusiones de la cumbre lo aclaran: “hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis, y volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo”. 

El gobernador del Banco de España, que ya había advertido de “la necesidad de una década de ajustes”, ahora aboga por “un ambicioso programa de reformas estructurales”. ¿Cuáles? Contrato único para rebajar salarios y condiciones laborales de los trabajadores fijos; reforma de las pensiones para alargar la edad de jubilación y recortar las futuras, abriendo paso a su privatización a través de la “mochila austríaca”, que nos descuenta de la nomina una aportación obligatoria a fondos privados, subida del IVA…

Para poder ejecutar estos “ajustes” -cuyas consecuencias nos ocultan- con tranquilidad, los que mandan reclaman “consenso y diálogo social para llegar a acuerdos”. Se debe encuadrar a las principales fuerzas políticas y sociales en este programa. Para que su ejecución se blinde ante posibles cambios de gobierno.

Debe quedar claro lo que se puede hacer, por eso el decálogo de la cumbre de la CEOE plantea que “no se deben revertir reformas que han generado crecimiento económico”, es decir debe quedar excluido del debate político cualquier cambio en la reforma laboral. Y remacha que hay que “evitar, sobre todo, subidas impositivas”, o lo que es lo mismo, se debe guardar en el cajón cualquier intento de subir impuestos a bancos o grandes fortunas.

El decálogo de las élites subraya que “la seguridad jurídica es fundamental para atraer y retener inversiones”. 

¿Qué significa “atraer inversiones”? Abrir la puerta a un -todavía- mayor control del capital extranjero sobre la economía nacional. Que ya se está produciendo. El capital norteamericano ha ampliado su participación en Repsol y en Bankia, tomando posiciones ante su privatización, ha adquirido, vía empresarios mexicanos, OHL… Y Goldman Sachs anuncia que siete grandes empresas españolas están “a tiro de OPA” para ser adquiridas a bajo precio, por parte de unos fondos de capital riesgo -como los “fondos buitre”- que están “buscando oportunidades”.

Un camino de mayor dependencia exterior que las élites españolas aceptan anclándose a las “ayudas europeas”. Con un extraño sentido patriótico, alientan la intervención de Bruselas como garantía de que la política española no se saldrá de los límites que sus intereses imponen. El Banco de España filtra que “prepara la llegada de hombres de negro tras el verano”, pero “sin llamarlo intervención para no alarmar”. Y grandes empresarios esperan que “venga Bruselas con las tijeras de podar” para eliminar las políticas más escoradas a la izquierda.

Los efectos que nos ocultan

¿Qué puede suponer la ejecución de este programa?

Lo ha planteado con salvaje sinceridad el presidente de Renault en nuestro país: “España no puede mantener el tren de vida de los últimos años”. Para que multinacionales o el Ibex-35 mantenga o amplíe sus ganancias, la mayoría debemos ver recortado nuestro bienestar.

En primer lugar, con el horizonte de un mayor empobrecimiento, no porque vayan a generalizarse las “colas del hambre”, sino porque las rentas del 90% sufrirán un importante bocado. El servicio de estudios del BBVA afirma que “se podría dar un ajuste dramático y muy rápido en las pensiones”. Y un estudio de la auditora KPMG advierte de que el 60% de empresas bajará o congelará los sueldos en los próximos meses. Han tomado la delantera las multinacionales. Nissan quiso imponer en su planta de Cantabria un descenso de sueldos… ¡del 40%! Y Ford anuncia un plan de rebajas salariales en todas sus plantas europeas, incluyendo la de Almussafes.

Un informe de Intermon Oxfam ha sacado las cuentas, y advierte de que la pandemia puede supone una disminución de hasta un 15% de la renta disponible de la mayoría, que puede llegar hasta el 20,5% en los sectores más pobres. Esto no hay “política social” ni ayudas -por generosas que sean- que pueda revertirlo.

En segundo lugar, un salto en la monopolización. Se prevé que entre un 20% y un 30% de las pymes españolas desaparezcan. Es un objetivo por el que algunos trabajan. El gobernador del Banco de España ha insistido que las líneas de crédito ICO “son solo para empresas solventes”, no para salvar a las amenazadas por la quiebra. Y los servicios de estudios de la banca repiten que “una de las debilidades de la economía española es el pequeño tamaño de las empresas, el 95% de las cuales son pymes”. 

En tercer lugar, un aumento de nuestro grado de dependencia respecto al exterior. Justo la gasolina que ha provocado que el incendio de los efectos de la pandemia sea en España el más destructivo de entre todos los países desarrollados.

Es en este sentido en el que el presidente de la CEOE, subido encima de los hombros de todo el Ibex-35, pretende “marcar la agenda económica”. 


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