Varios testigos contradicen el uso privado del Pazo de Meirás y afirman que funcionarios de la dictadura se encargaban de su conservación


Dos testigos han asegurado este lunes que hubo funcionarios de la dictadura de Franco que se encargaron de las tareas de mantenimiento del Pazo de Meirás. Lo han hecho durante la primera jornada del juicio que ha arrancado en A Coruña para dirimir la titularidad del inmueble. La familia Franco defiende que siempre se hizo un «uso privado» de la propiedad de Sada (A Coruña), pero la Abogacía del Estado le exige su devolución e intenta demostrar que la venta al dictador fue «fraudulenta». El juicio, que se prolongará durante toda la semana, esclarecerá si la adquisición del inmueble por parte del dictador fue legítima y si debería ponerse en manos del Estado.

La jornada, celebrada en la Audiencia Provincial de A Coruña, ha arrancado con las declaraciones de un vecino de Meirás y un funcionario del concello de A Coruña, que han afirmado que durante la dictadura hubo «varios jardineros y personal de Comandancia de obras» que realizaron trabajos en el inmueble, especialmente en las semanas previas a la llegada de Franco en los meses de verano. Además, en el ayuntamiento coruñés existirían registros de que en los años 60 y 70 los bomberos municipales llevaban agua para abastecer el Pazo.

También ha prestado declaración el guardia civil que vigiló la propiedad tras la muerte del dictador, desde 1982 hasta 1990, un periodo en el que la familia Franco no pernoctaba en Meirás porque el inmueble había sufrido un incendio en el 78, pero que, ha aclarado el testigo, sí visitaba asiduamente. Por su parte, Luis Fernando Quiroga Piñeiro, amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco, ha defendido que los gastos asociados a las obras de rehabilitación, que comenzaron en el 98 y terminaron cuatro años después, corrieron «íntegramente» a cargo de la familia. Desde ese momento, la familia volvió a hacer uso de la residencia en los meses de verano.

En esta misma línea, Ramón Rodríguez Ares, que mantuvo una relación próxima con la familia del dictador y fue alcalde de Sada entre los años 1979 y 2007 ha negado que el inmueble estuviera en una situación de «abandono» por parte de la familia tras el incendio y ha explicado que los Martínez-Bordiú Franco nunca expresaron dudas acerca de la titularidad del Pazo de Meirás. «No entiendo que se refieran a este proceso como recuperar el Pazo, puesto que este nunca perteneció al Estado y siempre fue una propiedad privada», ha asegurado. Aunque estaba previsto que compareciera el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco, finalmente no llegó a personarse ante la jueza.

El juicio se produce tras la demanda presentada hace un año por la Abogacía del Estado contra la familia Franco, que se basa en un documento desconocido hasta el momento y en el informe histórico-jurídico encargado por la Diputación de A Coruña. En este se advertía de que la transmisión del Pazo a la familia Franco se había hecho a través de un contrato simulado en 1941 para evitar que pasara a ser parte del patrimonio estatal y cuando ya llevaba tres años siendo utilizado por el dictador, a quien le había sido donado. Antes, el 3 de agosto de 1938, según demostró el acta notarial, la residencia ya había sido comprada por la Junta pro Pazo, formada por figuras afines al régimen fascista, a los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán, y cedido al dictador.

Por su parte, los herederos de Franco intentan contrarrestar la documentación y la tesis de la Abogacía del Estado, es decir, que los Franco simularon un contrato para evitar que pasara a ser patrimonio público, con justificantes de pago de una póliza de seguros e impuestos por el histórico recinto, entre otras cosas. Previsiblemente, el martes y el miércoles continuarán las declaraciones de los testigos, mientras que el jueves, 9 de julio, llegarán las conclusiones por parte de la jueza. En la causa también figuran como intervinientes que solicitan la devolución de la propiedad la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña. Como parte demandada se han personado seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.

Escenario político

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo compareció antes del inicio del juicio y aseguró sentirse «confiada» sobre el procedimiento, «un compromiso del Ejecutivo con la memoria histórica y la recuperación de bienes públicos». López-Rioboo insistió en que Franco adquirió el inmueble de manera «simulada y fraudulenta», como así demostraría un documento presentado por la Abogacía del Estado en el que el dictador «habría simulado» que la compra estaba a su nombre.

En el contexto de las elecciones a la presidencia de la Xunta de Galicia, el candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reinó, explicó que el juicio es «un primer paso para la recuperación del patrimonio arrebatado a los gallegos», que no solo compone el Pazo, sino la Casa Cornide y el conjunto de piezas «expoliadas» por los Franco. Gómez-Reino estuvo en la puerta de los Juzgados de A Coruña apoyando una manifestación por la recuperación pública del Pazo de Meirás, en la que también participó la candidata del BNG Ana Pontón y en la que reafirmó su apoyo a la iniciativa.


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