Vox Valladolid estudia cómo recurrir su expulsión del grupo de trabajo contra la COVID-19


El único edil de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, estudia cómo recurrir su expulsión del grupo de trabajo del Ayuntamiento en el que están todas las fuerzas políticas salvo la suya. Tres días después de conocer la inadmisión del recurso de reposición que presentó contra la moción aprobada por todos los grupos para crear el grupo de trabajo, la herramienta que propone, discute y adopta las medidas para luchar contra la COVID-19, Vox se plantea agotar la vía administrativa como medio para ir a los tribunales contra el Pleno.

Este martes se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid la inadmisión y aunque según Bartolomé espera que el Pleno corrija este «dislate» alberga pocas esperanzas: «tengo pocas esperanzas de que se retire», ha denunciado en una rueda de prensa este lunes. Para el concejal la no admisión le parece «sorprendente» y le ha descolocado». Según él, «el Ayuntamiento propone no entrar al fondo de la cuestión, porque declara que el acuerdo adoptado no es recurrible».

Sin embargo, desde la formación de Santiago Abascal en la capital del Pisuerga, estiman que cómo mínimo debería haberse admitido el recurso porque ya se ha dado, al menos en dos ocasiones, que la justicia ha declarado nulas parcialmente mociones «políticas» aprobadas por el Pleno. «A este alcalde la Justicia le ha tumbado dos mociones desde que es alcalde», ha aseverado. Se trata de dos mociones del año 2015, que vieron cercenadas parte de los acuerdos adoptados por el Contencioso Administrativo.

«La moción por la Laicidad, que presentó el grupo Sí se puede y que salió aprobada por el equipo de Gobierno y que el Juzgado contencioso administrativo tumbó parcialmente y una segunda, también calificada como ‘política’ que buscaba garantizar que no se pagaba dos veces a un cargo público por hacer su trabajo». En esa ocasión, ha recordado Bartolomé, no sólo el Contencioso declaró nulos de plenos varios puntos, sino que también fue confirmada por el TSJ.

El grupo municipal se mantiene a la espera de conocer cómo se resuelve la inadmisión, porque para poder acudir a la vía judicial es necesario agotar la administrativa. Al no haber sido admitido el recurso de reposición, los servicios jurídicos del partido estudian los pasos a seguir, pero la intención de Vox es acudir a los tribunales para que sus derechos «constitucionales» no se vean comprometidos como hasta ahora por la expulsión del grupo de trabajo.

Vox presenta un ruego para impedir el fin del pago en efectivo en los autobuses

En el pleno de este martes, Bartolomé también presentará un ruego contra uno de los acuerdos del citado grupo: la eliminación del pago en efectivo en los autobuses de Auvasa, la empresa municipal de autobuses de la ciudad. Para el edil, se trata de una medida que “no es necesaria”, como demuestra que el pago con monedas y billetes no está prohibido en el resto de actividades que realizamos todos los días (hostelería, quioscos, pequeño comercio, etc.). Bartolomé, a quien no pareció mal que se adoptase el pago con tarjeta o abono al principio de la pandemia, critica también su implementación, porque la OMS, asegura, “ha señalado que no hay evidencias de que la enfermedad de la COVID-19 se transmita por contacto a través de billetes o monedas, o que sea más peligroso que manipular la tarjeta de crédito o el móvil”.

Según el edil, la decisión tiene también una derivada económica, social y legal: causa un gran trastorno a los vallisoletanos mayores, que utilizan el efectivo a diario, también “un grave perjuicio económico a Auvasa, puesto que el 20% “de sus ingresos proceden del efectivo” y no tiene encaje legal, porque el Ayuntamiento carece de competencias para impedir la circulación del dinero. 


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