Colapso en la Generalitat para cobrar las multas del estado de alarma


Barcelona, 08 de julio de 2020
(21:17 CET)

La Generalitat de Cataluña tiene problemas para gestionar el alud de multas que se impusieron a los ciudadanos que supuestamente vulneraron las condiciones del estado de alarma. Según el consejero de Interior, Miquel Buch, la policía catalana impuso 140.000 actas de sanción.

El cobro de estas sanciones ha generado dudas legales y burocráticas en la Generalitat. Supuestamente, los infractores vulneraron dos leyes, la de seguridad ciudadana y la de salud pública, por lo que los organismos competentes para cobrarlas son las consejerías de Interior y de Salud. Sin embargo, como esta última está desbordada por la pandemia de coronavirus y carece de capacidad para reclamar las sanciones, será la Consejería de Interior la que se encargue de todo el papeleo.

Ante el parlamento catalán, Buch reconoció este miércoles que el alud de actas de sanción les ha provocado un problema burocrático. En un año normal, desde Interior se gestionan 30.000 sanciones, especialmente de tráfico. Si se suman las 140.000 relacionadas con el estado de alarma, resulta que deberán tramitar 170.000, casi seis veces más de lo que sería habitual. La Consejería de Interior ha realizado una redistribución de personal para absorber tal volumen de actas de sanción.

De estas 140.000 actas, el 60% fueron cursadas por los Mossos d’Esquadra y el 40% restante por las diversas policías locales.

Buch indicó que están en conversaciones con las entidades municipalistas para que una parte de los fondos que se obtengan de las multas reviertan en los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona queda al margen porque es el único que tiene competencias para cobrar las multas que impuso la Guardia Urbana durante el estado de alarma.

Importe de las sanciones

El importe de las sanciones puede oscilar de los 100 euros, por infracciones leves, hasta los 30.000, por los graves. Sin embargo, despachos de abogados que defienden a los sancionados advierten que la mayoría de las multas son fácilmente recurribles.

La Generalitat también piensa sancionar con un mínimo de 100 euros a los ciudadanos que, a partir de este jueves, transiten por espacios públicos sin la obligatoria mascarilla. Quim Torra anunció que se les sancionaría aunque guardasen la distancia de seguridad.

Quien no lleva mascarilla en los espacios públicos de Cataluña se arriesga a ser multado. En declaraciones a la cadena SER, la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, indicó que, “obviamente”, incumplir la obligatoriedad de llevar mascarilla será sancionado aunque se esté a más de dos metros de otra persona.

La dureza de estas medidas en Cataluña está relacionada con el aumento de contagios de covid-19. La comarca de Lleida está confinada desde el pasado sábado y en Barcelona han aumentado los casos en un 81% en tan solo una semana.

En mayo pasado, el gobierno de Pedro Sánchez estableció la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los transportes públicos cuando no se podía garantizar una distancia de seguridad de 1,5 metros con otro pasajero. Después se relajaron estas normas, al permitir en el metro que se ocuparan todos los asientos.

Curiosamente, el real decreto por el que se estableció la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público fue convalidada el 25 de mayo pasado por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, pero no contó con los votos a favor de ERC ni de Junts per Catalunya. Sin embargo, los dos socios del gobierno de la Generalitat ahora van más allá al imponer la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios públicos aunque se mantengan la distancia de seguridad entre las personas.


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