Carles Puigdemont se da de baja del PDeCAT

Anadolu Agency via Getty ImagesPuigdemont, muy risueño en el Parlamento Europeo el 8 de julio de 2020 (Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images). El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidido romper el carné

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidido romper el carné del PDeCAT y consumar la ruptura con el partido heredero de CDC, con el que mantiene una pugna por el control de la marca de JxCat.

“Acabo de comunicar a David Bonvehí, presidente del PDeCAT, mi decisión de darme de baja del partido que preside. Continuaré trabajando, ahora como presidente de JxCat, para mantener una relación cordial entre las dos formaciones”, ha dicho a través de Twitter.

La relación entre el expresidente catalán y la dirección del PDeCAT, que se quebró este verano cuando Puigdemont anunció la constitución de un nuevo partido sin esperar a que culminara el debate interno en la antigua Convergència, se ha recrudecido estos últimos días por la lucha por el control de la marca de JxCat. 

El PDeCAT pierde el 7% de los asociados

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha asegurado que, a fecha de este lunes, han perdido un 7% de los militantes -ha declinado ofrecer la cifra absoluta de bajas- y ha añadido que el responsable del partido en Terres de l’Ebre (Tarragona), Joan Pere Gómez, ha comunicado que deja la dirección del partido.

En una rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva, Solsona ha afirmado: “Queremos buscar fórmulas de acuerdo con JxCat. Lamentamos las bajas, pero el PDeCAT está donde estaba. No ha cambiado. Queremos ser un proyecto abierto, transparente, que pueda aglutinar desde el respeto mutuo”.

Las bajas se producen después de que el PDeCAT haya demandado a JxCat por un cambio en la propiedad de las siglas en el registro de partidos, tras lo que pasaron de la dirección del PDeCAT a ser controladas por personas próximas al expresidente de la Generalitat y líder del nuevo JxCat, Carles Puigdemont.

“La demanda civil es solo para impugnar acuerdos societarios. Cualquier otra interpretación es malintencionada. Es un tema administrativo y garantista. La necesitamos hacer por cuestiones jurídicas”, ha defendido Solsona.




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