Los nombres de las calles. Por Julián Hurtado@


Durante la etapa nominalmente democrática que los españoles disfrutamos o padecemos actualmente, es un hecho recurrente que con cada cambio de signo político del gobierno o alcalde de turno se desata una virulenta fiebre destructora, que arremete contra diversos signos de identidad del entorno público que pertenece a TODOS los ciudadanos.

Llevados por esta furia apocalíptica, se retiran estatuas, se sellan recintos, se borran relieves, se ocultan efigies, se repintan símbolos, se desmontan escudos, se arrían banderas, se demuelen monumentos y edificios, se anulan distinciones, se exhuman cadáveres, y por último, lo que más satisfacción produce a cualquier nuevo alcalde que se precie: se cambian nombres a las calles.

Lo malo es que si bien en la mayoría de las actuaciones reseñadas, los daños sufridos indefectiblemente por una u otra parte de la población se limitan a cuestiones estéticas o ideológicas de valoración subjetiva discutible, el asunto del nombre de las calles provoca además una serie de daños económicos y de orden práctico perfectamente cuantificables.

En este caso se está afectando a la señalización e identificación del domicilio, asunto tan importante y privado como el nombre propio de un individuo, cuyo uso debería ser un derecho prioritario de particulares y empresas, por encima de cualquier significado político que se hubiera querido dar en su momento a la vía pública en cuestión.

Las molestias y costes sufridos por los domiciliados en una vía renombrada son notables e innumerables y perduran bastante tiempo. Han de solicitarse nuevos carnets de identidad, rectificar domicilios de sociedades y de particulares en un sinfín de registros públicos, fiscales, bancarios, sanitarios, etc., se pierden correos, los mapas y callejeros quedan obsoletos… y a todos estos ciudadanos y comerciantes perjudicados por una decisión administrativa puramente ideológica y sectaria, nadie les indemniza.

Impedir que se renombre un domicilio correctamente identificado debería ser considerado un derecho tan sagrado, como el de prohibir la entrada en ese mismo domicilio sin una orden judicial, y puesto que modificar la identificación de nuestro domicilio se puede decir que constituye una forma de violación del mismo, su protección debería tal vez ser incorporada a la propia Constitución o ser ésta invocada en su nombre.

Lo sensato es que las vías públicas adquirieran su nombre en el momento de ser abiertas a la circulación, y recibieran entonces un nombre de bautismo definitivo que arropara a sus moradores a lo largo de los tiempos, con independencia de posteriores avatares políticos de cualquier signo, pues representan un momento histórico determinado que ha sucedido, les guste a algunos o no.

Por ejemplo, me parece legítimo que la prolongación del Paseo de la Castellana se denominase actualmente Avenida del Generalísimo, puesto que esta vía procede de una actuación urbanística llevada a cabo durante su jefatura y por su iniciativa.

Pero por la misma razón no me parece oportuno que la antigua Gran Vía madrileña pasase en su momento a llamarse Gran Vía de José Antonio, que fue un personaje históricamente posterior.

El problema surge pues cuando algunos alcaldes tratan de imponer un nuevo nombre a determinadas calles o avenidas que se abrieron ANTES de comenzar su mandato, actuación a la que sencillamente NO creo que tengan derecho.

Señores ediles recién elegidos, abran NUEVAS calles al tráfico, y nómbrenlas a su placer, aunque por razones prácticas me permito recomendarles que no utilicen para ello nombres propios, salvo las de aquellos personajes que puedan ser reconocidos universalmente con sólo uno o dos vocablos (Sócrates, Picasso, Falla, Hernán Cortés, Alfonso XII, Santa Elena, etc.) y que en general procuren obviar cualquiera otro que para ser reconocido necesite de un nombre (a veces compuesto) y dos apellidos, y además un cargo.

Por fortuna, el idioma español es muy rico en nombres comunes, adjetivos, etc, y asimismo hay multitud de acontecimientos, lugares geográficos, o efemérides universales políticamente neutrales; decenas de miles de palabras sencillas que están ahí esperando dispuestas a bautizar funcionalmente las esquinas, sin necesidad de herir los sentimientos de nadie presente o futuro.

Desgraciadamente, el anterior período municipal de la capital madrileña ha representado uno de los peores y más sectarios ejemplos de cómo unos servidores públicos están dispuestos a atropellar los intereses de los vecinos en su afán de utilizar bienes públicos al servicio de sus dogmas partidistas, en este caso de izquierdas.

La más mínima prudencia antes de tomar una decisión tan delicada y de serias consecuencias, debería haber sido CONSULTAR a los vecinos y negocios domiciliados en la calle, quienes son los únicos que tienen derecho a decidir sobre el nombre de SU domicilio, proponiéndoles el nuevo nombre de la vía, y que fuera necesaria una mayoría notoria (definida por ley) para adoptar la decisión de cambiarlo.

Porque ni las calles ni los nombres de las calles son de los ayuntamientos, sino que son de los vecinos que las costean. Los ayuntamientos tan sólo las administran en nombre de ellos.

Lo malo es que el mal ya está hecho, y así hemos asistido al despropósito de ver cómo se han renombrado decenas de calles con justificaciones pseudohistóricas a veces pintorescas o erróneas, causando perjuicios y malestar incluso hasta a los vecinos afines a sus mismas ideas políticas. Con la agravante de dejar además la puerta abierta, para que el próximo alcalde que venga tenga otras ideas y con el mismo “derecho” vuelva a renombrar esas mismas calles u otras, y así hasta nunca acabar.

Para paliar o terminar definitivamente con todo el despropósito descrito, me permito aportar a continuación una iniciativa para adoptar en la señalización de las calles (cuestión ésta que no debe tener más intención que facilitar la localización de los domicilios de la gente, y que jamás debería haberse utilizado para loar a determinados personajes buenos para unos y malos para otros, pero no relacionados ni histórica ni personalmente con esas vías).

Mi iniciativa, para remediar de una manera práctica el perjuicio ya causado, pero sin provocar nuevas molestias a los vecinos, es la siguiente:

Bajo las nuevas placas de las calles renombradas hace poco por imposición municipal, colocar ADEMÁS otras placas con el nombre antiguo de la calle en cuestión.

En una palabra, que si por ejemplo una de las nuevas calles recientemente renombradas se denomina ahora: Maestro Ángel Llorca, el conjunto de las DOS PLACAS SIMULTÁNEAS propuestas sería:

CALLE

MAESTRO ÁNGEL LLORCA

  ANTES

GENERAL RODRIGO

 

Adicionalmente, habría que promulgar una ley que autorizase a los vecinos y negocios domiciliados en ella a emplear para su identificación personal, comercial o legal siempre sólo UNO cualesquiera de los dos nombres propuestos, la que más le guste o le convenga, determinando además que el servicio de Correos repartiese igualmente las cartas o envíos que vinieran dirigidos a esa calle con cualquiera de sus dos denominaciones.

De este modo todo el mundo quedaría conforme, y nadie caería en la tentación de volver en el futuro a renombrar esa calle ni echaría de menos el nombre anterior. Y con esta iniciativa posiblemente muchos que nos recomiendan insistentemente una y otra vez que aprendamos a convivir con toda clase de individuos sin reparar en su sexo, sexualidad, origen, educación, edad, raza o religión, aprenderían ellos también a convivir pacíficamente con quienes tienen opiniones políticas distintas. Y todos tan contentos.




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