¿En qué situación de restricciones queda la Comunidad de Madrid después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto el día 8 de octubre de 2020 en el que deniega la ratificación de las medidas de reducción de la movilidad en 10 municipios de esta comunidad autónoma. Es decir, que las restricciones que entraron en vigor el pasado 2 de octubre quedan sin efecto. Además, la Comunidad de Madrid ha asegurado Maldita.es que vuelve a estar en vigor el confinamiento por zonas básicas de salud.

Lo que se ha cancelado: la Orden de la Comunidad de Madrid que aplicaba las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad

El pasado 30 de septiembre el Ministerio de Sanidad envió una Orden a las comunidades autónomas en las que se imponía que las regiones debían aplicar restricciones a las movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplieran tres criterios: una incidencia de 500 casos o más por cada 100.000 habitantes, más del 10% de los tests de las últimas dos semanas hayan sido positivos y la ocupación en las UCI sea superior al 35% de su capacidad antes de que empezara la crisis del coronavirus (ya te explicamos en Maldita.es que desde el inicio de la pandemia se han creado nuevas camas UCI). 

Las restricciones incluían la imposibilidad de salir del municipio excepto por causa justificada, la limitación de reuniones a 6 personas excepto si son convivientes, el cierre de comercios a las 10 de la noche y de bares y restaurantes a las 11, la suspensión del servicio de barra y la limitación del aforo tanto en terrazas como en el interior de los establecimientos de hostelería, entre otras.

La Comunidad de Madrid es la única a 8 de octubre en la que existen municipios que cumplen los requisitos. En respuesta a esta Orden, el gobierno regional dictó otra Orden el 2 de octubre, mediante la que se especificaban las restricciones y las poblaciones a las que se aplicaban. Es este último documento el que ha tumbado el TSJM.

¿Y cuáles son las razones que alega? Que la base legal de esta Orden, la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud (que es la que citan tanto el Ministerio de Sanidad como la Comunidad de Madrid en sus documentos) «no contiene una habilitación legal» para limitar derechos fundamentales.

Fuente: Página web del Poder Judicial

El auto determina que esta Orden supone “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare”. En mecanismo que sí tendría habilitación legal, es decir, autorizada por el Congreso, sería el estado de alarma.

Fuente: Página web del Poder Judicial

Por qué sí se ha aprobado el confinamiento por zonas básicas de salud en Madrid

Con respecto a los confinamientos en zonas básicas de salud, la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo los ratificó porque entendían que la Comunidad tenía esas competencias de acuerdo con la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que sentencia que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Frafmento del auto que dice que las CCAA tienen competencia en medidas restrictivas por razones de salud pública
Fuente: Página web del Poder Judicial

Así pues, el problema sería que, mientras que el confinamiento por zonas básicas se hacía de acuerdo a una ley orgánica que sí permitía tomar medidas para evitar el contagio, la Orden que establecía las restricciones para 10 municipios de Madrid lo hace en base a una ley que no lo permite.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de cada Tribunal Superior de Justicia son quienes deciden si se pueden aplicar medidas sanitarias que afecten a los derechos fundamentales

El 19 de septiembre el Boletín Oficial del Estado incluyó una modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En su nueva versión, el artículo 10 de esta ley, que regula las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia dicta en su punto 8 que son estas salas las que deben ratificar las medidas sanitarias que afecten a un ámbito distinto al estatal cuando afectan a los derechos fundamentales.

Es decir, que cada Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma afectada debe ratificar las medidas cuando limitan o restringen los derechos fundamentales.

¿Y por qué los Tribunales Superiores de Justicia de las demás Comunidades Autónomas no han ratificado las medidas? Porque, de momento, a 8 de octubre de 2020, ninguna otra región ha tenido que hacer un documento legal para aplicar la Orden del Ministerio de Sanidad al no tener municipios que cumplieran los requisitos impuestos. Si, por ejemplo, en unos días Andalucía tuviera que cerrar poblaciones de acuerdo a los criterios del Gobierno, tendría que elaborar una orden explicando cuáles son las poblaciones que se deben cerrar y las medidas específicas, y luego el Tribunal Superior de Justicia ratificarla o no.

Fecha original de publicación: 8/10/2020


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