Madrid recupera la acera con sanciones al ‘sharing’


El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto recuperar buena parte de las aceras de la zona centro de la capital actualmente reconvertidas en una suerte de aparcamiento irregular de motos, patinetes, bicicletas y demás vehículos de movilidad personal de empresas de sharing . Y lo va a hacer de la forma más directa y dolorosa para el infractor: a base de multas. Para ello va a triplicar el número de agentes sancionadores al dotar de esta facultad a los cerca de 2.000 efectivos que conforman en la actualidad la plantilla del Servicio de Estacionamiento Regulado. Un ejército de controladores que el Consistorio de coalición (PP-Cs) confía en que resulte suficiente para “garantizar que las aceras sean seguras para los peatones” tal y como figura en su compromiso por hacer de Madrid la “capital de la movilidad sostenible”.





De esta manera, y a partir del 1 de enero, estacionar una bicicleta o un vehículo de movilidad urbana en lugar no permitido de forma antirreglamentaria será considerado como una infracción leve multada con 30 euros, mientras que estacionar una motocicleta o un ciclomotor sobre las aceras inferiores a tres metros, en zona de carga y descarga, destinadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR) o de transporte público, elevará la sanción hasta los 60 euros. Y las penalizaciones más altas, de 200 euros, se aplicarán en los casos en los que el estacionamiento de una motocicleta o un ciclomotor sobre la acera “obstaculice gravemente el tránsito de los peatones”.


Las multas pueden alcanzar los 200 euros e irán acompañadas de tres fotografías del vehículo mal aparcado





La tramitación de la infracción irá acompañada de tres fotografías del vehículo mal aparcado
en las que se detallará la hora en que se cometió la infracción. Y siempre será la compañía quien reciba la multa, siendo ella quien, posteriormente, se la traslade al usuario que haya alquilado el vehículo.

A cambio, el Ayuntamiento se compromete a distribuir 1.573 anclajes reglamentarios antes de fin de año –hasta superar los 2.700– e incrementar progresivamente las plazas para motos en calzada, pasando de 11.000 a 25.000 antes de finalizar la legislatura.





Desde Pedalibre, la principal asociación de cicloturistas de la capital, consideran que la inclusión de este colectivo en la nueva normativa es una “grave ofensiva que va contra una de las ventajas exclusivas de la bicicleta: el puerta a puerta”. Por ello solicitan al Consistorio la posibilidad de mantener al margen de las restricciones el amarre de sus vehículos al mobiliario urbano mientras siga existiendo escasez de lugares específicos que propor-cionen seguridad, cercanía y ple-na operatividad.






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