El juez pide a Suiza que busque a Norman Foster para que testifique por el Campus de la Justicia


Por MDO/E.P.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga las supuestas irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) ha pedido a Suiza que «se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación». Asimismo, ordena a las autoridades helvéticas que procedan a su detención si el arquitecto se niega a comparecer.

El titular del Juzgado Central número 5 dictó un auto el pasado 23 de octubre en el que libra una comisión rogatoria a Suiza para que averigüen su domicilio con el fin de citarle a declarar como testigo en esta causa por videoconferencia el próximo 14 de diciembre.

El juez instructor adopta esta decisión después de que Reino Unido, a quien emitió a principios de año una Orden Europea de Investigación (EOI) con el mismo objetivo, asegurara que Foster vive en Suiza y por la covid-19 no le es posible desplazarse a Reino Unido.

Según consta en la documentación remitida por la Unidad de Asistencia Internacional de Delincuencia Especializada Central británica al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional Foster estaba dispuesto a viajar a Londres pero la crisis sanitaria se lo impedía.

En caso de que no se presente a la citación, el magistrado de la Audiencia Nacional ordena que «se proceda a su detención, al objeto de ser conducido por la fuerza pública al lugar que se fije para la práctica de la diligencia y así garantizar su cumplimiento».

13,7 millones de euros por dos proyectos inacabados

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de unificación de sedes judiciales. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014 con Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de Esperanza Aguirre para construir dos de las 14 edificaciones interconectadas por una red de túneles que comprendería el complejo urbanístico de la Ciudad de la Justicia. En concreto se le habría encargado levantar la sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia por 13, 7 millones de euros. Aunque en 2009, el gobierno madrileño y el despacho de arquitectos Foster and Partners firmaron el acta de suspensión del contrato, ya se habría facturado hasta 10,6 millones de euros por los trabajos realizados.

En agosto de 2018 se abrió la causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos societarios. Se encuentran investigados ocho personas, entre ellos el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada; el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños; el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras. La declaración del arquitecto serviría para esclarecer los hechos, según asegura el juez en su auto.

Informes fiscalizadores de la investigación

El juez De la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, entre otras cosas, basan la investigación en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus de la Justicia que arroja diversas irregularidades en distintos ámbitos.

La Cámara de Cuentas cifraba el importe total de la contratación analizada en 355.577.355,92 euros para un proyecto del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, que no llegó a tener ni luz.

Por parte de la defensa del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada se expone numerosa documentación presente en un informe del Tribunal de Cuentas de la sociedad Ciudad de la Justicia de Madrid (CJM) de la que la Cámara de Cuentas de Madrid decía no disponer y concluye rechazando la existencia de indicios suficientes sobre un daño material de daño a los caudales públicos.




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