El Supremo anula la absolución de un etarra y pide que se dicte una nueva sentencia

AFP7 via Getty ImagesEL Tribunal Supremo, en Madrid, el pasado 9 de octubre. El Tribunal Supremo, según ha anunciado en nota de prensa, ha anulado este lunes una sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió

El Tribunal Supremo, según ha anunciado en nota de prensa, ha anulado este lunes una sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al miembro de ETA Asier Ezeiza por falta de pruebas acerca de su intervención directa en el doble atentado cometido por la banda terrorista en julio de 2003 contra dos hoteles de Alicante y Benidorm, que causó 14 heridos.

El alto tribunal ha ordenado la devolución de la causa a la Audiencia para que se pronuncie sobre “los elementos fácticos que incluía la sentencia anulada y su vinculación causal con los delitos por los que había sido acusado”. Es decir, el Supremo cree que para ser responsable penalmente del atentado, no es imprescindible una involucración directa, como el manejo de los explosivos o su activación, y que basta con gestiones que ayuden a la logística.

Asier Ezeiza fue condenado en Francia por delito de participación en organización de malhechores y entregado a la Audiencia para juzgarle por su participación en los atentados en la costa alicantina que llevaron a la colocación de dos bombas en dos hoteles de Alicante y Benidorm.

El Supremo cree que para ser responsable penalmente no es imprescindible una involucración directa, como el manejo de los explosivos y que basta con gestiones que ayuden a la logística

Ezeiza resultó absuelto de dos delitos de estragos terroristas, seis delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa contra miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado y de otros ocho delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, porque consideró que no había prueba concluyente de su intervención directa en las actuaciones más próximas a los atentados, aunque sí consideró acreditada la integración del acusado en ETA.

La Audiencia también dio por probadas determinadas gestiones efectuadas por el acusado en el verano de ese año en la costa levantina por encargo de la citada organización y al servicio de sus actividades, como la reserva de unas habitaciones en dos hoteles de aquella zona para unas fechas concretas del mes de julio (reservas luego canceladas, aunque inmediatamente sustituidas por otras de menor duración) donde luego se provocarían sendas explosiones que produjeron graves daños materiales.

El Supremo estima el recurso de una de la víctimas

La sentencia de la Audiencia también estimó probado que el acusado alquiló un piso en Valencia donde estuvo alojado con otra persona que resultó condenada por los mismos hechos y donde la policía incautó material explosivo. Pero ahora, la Sala Penal del Supremo ha estimado el recurso que presentó una de las víctimas y cree que para ser penalmente responsable de estos delitos no es imprescindible una involucración directa en la actuación típica: manejo, preparación, custodia o activación de los explosivos, avisos…

La Sala añade que eso podría ser exigible para ser considerado autor en sentido estricto, pero no para la responsabilidad que el código anuda a otros partícipes. La sentencia argumenta que “cualquier actividad previa que objetivamente facilite la actuación criminal, si es realizada con la finalidad de contribuir al resultado buscado, es susceptible de merecer el reproche penal que el código asigna a quienes colaboran de cualquier forma –necesaria o no– con la actividad criminal”.

El tribunal recuerda que no responde únicamente el autor material. “También quienes cooperan de forma consciente con su acción, aunque su conducta concreta, idealmente desconectada de la actuación criminal a la que solo puede ser adosada por la confluencia de finalidades, carezca por si de relieve típico (reservar habitaciones en un hotel; alquilar una vivienda)”.

El tribunal recuerda que no responde únicamente el autor material. “También quienes cooperan de forma consciente con su acción

La Sala explica que a la sentencia de la Audiencia le falta aclarar “si el acusado, al realizar esas acciones que contempladas en sí mismas y extraídas de su contexto son neutras, conocía, aunque sea de forma genérica y sin detalles, que se dirigían no a conseguir reservas para disfrutar unos días en un Hotel o exclusivamente a pasar unas semanas en Valencia, sino facilitar la perpetración de atentados del tipo de los producidos”.

El tribunal considera que no cabe duda y que del hecho probado se infiere inequívocamente que “objetivamente esas actuaciones previas están directamente vinculadas a los atentados y supusieron una aportación para su éxito. No otra explicación cabe dar a la coordinación entre la cancelación de las dos reservas y su inmediata renovación por persona relacionada con quien (el recurrido) había contratado las reservas (compartían alojamiento)”.

La sentencia concluye que la Audiencia una vez que descartó la involucración del acusado en los hechos inmediatamente precedentes a la explosión debió analizar si subsistían actos atribuidos al procesado por las acusaciones capaces de dar vida a una participación penal. “Justamente por esa perspectiva alicorta deja sin solventar una cuestión esencial e imprescindible para decidir sobre la procedencia o no de una eventual condena: si el recurrido era consciente –o no– de que las gestiones que llevó a cabo por encargo de la organización estaban al servicio de una campaña que incluía probablemente acciones constitutivas de estragos y posibles atentados a la vida o integridad física de personas y si su actitud frente a esa posibilidad era de asunción, de indiferencia, o, si puede decirse que, de conocerlo, se hubiese abstenido de contribuir a la comisión de esos atentados; así como hasta qué punto alcanzaba su posible indolencia respecto de las eventuales consecuencias de su colaboración con planes diseñados por ETA”.

La Sala recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que no puede revisar absoluciones sin oír al acusado y sin haber presenciado la prueba y por ello acuerda la anulación de la sentencia y la devolución de la causa a la Audiencia Nacional para que integre la valoración realizada en la primera sentencia, indicando las conclusiones (o falta de conclusiones) que alcanza a la vista de la prueba desarrollada sobre el conocimiento o ignorancia por parte del procesado de las finalidades de sus actos.



Photo gallery
Toda la información práctica que necesitas sobre el coronavirus y la cuarentena


See Gallery






Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *