Anticorrupción presenta una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación del Hospital Puerta de Hierro

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de


MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro, informó la Fiscalía en un aviso.

Las diligencias han revelado la presencia de indicios que dejan deducir «que prescindiendo del más mínimo trámite administrativo de modificación de contratos sosprechado en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el asesor de Sanidad y Consumo de la Comunidad de La capital de españa a través de Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de compañias formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que formaron la mercantil Hospital Majadahonda, S. A.

Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008 en virtud de la que 135 habitaciones del mencionado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a particulares.

Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de La capital de españa en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado mediante los oportunos requerimientos realizados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de La capital de españa, no existió».

Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido la estabilidad económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el fin de evitar el encontronazo negativo en los caudales públicos».

Por otro lado, al día de la fecha «no existe una resolución estable por medio de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo que la Administración ha abonado mayores costos por servicios jamás prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad mayor a los 10 millones de euros».


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