Trump ha ocultado las pruebas de sus delitos a lo largo de años, pero Biden podría exponerlas

El presidente estadounidense, Donald Trump, abandonará el cargo el 20 de enero bajo los superiores nubarrones de corrupción y escándalos que se recuerdan desde 1974, en el momento en que Richard Nixon levantó ámbas manos

El presidente estadounidense, Donald Trump, abandonará el cargo el 20 de enero bajo los superiores nubarrones de corrupción y escándalos que se recuerdan desde 1974, en el momento en que Richard Nixon levantó ámbas manos con ademán de victoria al dimitir.

Mas Biden, al parecer, no se desea precipitar, y ha dejado claro que no será él quien les afirme a las autoridades judiciales de qué forma deben llevar a cabo su trabajo. “No voy a hacer lo que hace Trump y utilizar el Departamento de Justicia como una utilidad para intentar demostrar que ha sucedido algo”, aseguró Biden el 24 de noviembre en la cadena NBC News.

Mas una cosa es que Biden no plenee tomarse la revancha por los cánticos antidemocráticos de “encerradlos a todos” y otra cosa que no vaya a dar rienda suelta a los fiscales independientes para que tomen sus propias elecciones una vez libres los archivos de la Administración Trump.

Para eso, va a ser necesario adoptar una política asertiva y transparente que deje revelar información en el momento en que la pida el Congreso, los organismos supervisores, los cronistas y la ciudadanía, algo a lo que la Administración Trump se ha contrario casi por norma. En otros aspectos, requerirá la implementación de políticas que permitan la desclasificación de documentos ocultos por la Administración Trump. Muchas de esas pruebas todavía no son de dominio público y el fácil hecho de ponerlas al descubierto podría lograr que Trump se enfrentara a penas de prisión por sus delitos.

Transparencia radical

Aunque algunos de los probables delitos de Trump ya los han mencionado algunos fiscales —como sucedió en el informe Mueller o bien en la acusación que llevó a su exabogado personal, Michael Cohen, a prisión por comprar el silencio de la pornstar Stormy Daniels— no todos sus delitos y formas de proceder incorrectas han quedado registrados. En muchos casos son solo sospechas fundamentadas en testimonios particulares y acusaciones por parte de antiguos gobernantes.

“Hay un montón de información sobre la Administración Trump que va a salir a la luz muy fácilmente con que la Administración Biden se limite a restaurar el habitual funcionamiento del Gobierno”, sostiene Jordan Libowitz, representante del grupo liberal de supervisión Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

CREW ha publicado un informe sobre de qué forma la Administración Biden podría hacer un Gobierno menos hermético y, simultáneamente, dejar al descubierto las irregularidades de su precursor. Un informe semejante ha publicado una coalición de conjuntos de supervisión para la transparencia conocida como Accountability 2021. Estos reportes contienen un catálogo de recomendaciones que Joe Biden podría adoptar inmediatamente al tomar posesión del cargo.

Su administración podría, por servirnos de un ejemplo, emitir una orden ejecutiva para restablecer la presunción de transparencia de conformidad con la Ley por la Independencia de la Información (que garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de la información federal pertinente) y para terminar con las trabas que la Administración Trump ponía a los peticionarios. Ninguna administración ha sido principalmente brillante en este aspecto, pero la Administración Trump fué bastante peor que las anteriores, como demuestran sus cantidades récord de documentos clasificados como secretos de Estado y su manga ancha para clasificar algún asunto como misterio.

En lo que forma otra muestra de que fué el Gobierno menos transparente de la historia reciente de Estados Unidos, la Administración Trump adoptó un nuevo criterio legal para limitar hasta qué punto debía acatar la supervisión del Congreso. Su teoría ha sido fácil: el Ejecutivo no posee por qué razón oír al Congreso en sus solicitudes de documentos o bien testimonios, ni siquiera durante un juicio político al presidente. Y, con esta vara de medir, Trump no ha aportado los documentos que le ha solicitado el Congreso, más que nada la oposición demócrata.

Pero cuando Trump se marche el 20 de enero, Biden podría organizar a todas las agencias del Gobierno que examinen todas y cada una de las solicitudes recibidas durante el orden de Trump, ya sea por la parte del Congreso u otros organismos supervisores, y concederles luz verde. Mas, además de esto, los investigadores del Congreso podrían regresar a anunciar sus peticiones a los nuevos directores de sus que corresponden organismos para entrar a los documentos de la era Trump. Y esto asimismo podría conllevar la revisión del exceso de permisos que se ha adjudicado el presidente durante su orden.

“Siempre hubo polémicas sobre el privilegio de los presidentes en el momento en que decidían no enseñar un archivo. Antes había algunas categorías o bien documentos susceptibles de ser clasificados como secretos, pero es que ahora todo son secretos”, comenta Katherine Hawkins, analista legal del grupo de supervisión sin ánimo de lucro Project on Government Oversight.

Y las investigaciones no se limitarían exclusivamente a los probables delitos de Trump, sino que asimismo abarcarían actos como el de separar a los pequeños y a los progenitores inmigrantes en la frontera con México, engañar en el Congreso, politizar el Departamento de Justicia y otras agencias, tal como las violaciones de la Ley Hatch por parte de casi todos sus altos funcionarios.

Otro tema que podría ser investigado es la actuación de su Gobierno durante la pandemia, que ahora les ha costado la vida a más de 300.000 estadounidenses.

No obstante, las políticas de Trump no van a ocultar mágicamente en relación deje el cargo, ya que, por servirnos de un ejemplo, prosigue habiendo niños inmigrantes separados de sus padres. Va a ser necesaria una investigación entre los documentos de Trump en materia de inmigración para saber si se puede responsabilizar a alguien por estas violaciones de los derechos humanos.

El Congreso podría solicitar a Biden documentos relativos a la mala administración de Trump en su misión de aprobar la ley For the People (Para la gente) que busca prolongar los derechos electorales y limitar las manipulaciones partidistas. De forma semejante, los miembros del Congreso podrían buscar documentos que demuestren las relaciones de Trump con determinados países para investigar si el presidente ha corrompido la política internacional de Estados Unidos en su interés privado y personal.

Por ejemplo, el senador demócrata Ron Wyden solicitó unos documentos al Departamento de Justicia, al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Educación el 2 de diciembre para investigar si había algo enserio en la supuesta interferencia de Trump en tales agencias en lo relativo a las relaciones entre USA y Turquía. Según se sospecha, Trump solicitó que investigaran al predicador turco exiliado en Estados Unidos Fethullah Gülen y presionó a dichas agencias para que favorecieran al Gobierno Turco, inclusive a lo largo de una investigación criminal a Halkbank, el banco nacional de Turquía.

Trump tiene una propiedad comercial en el centro de Estambul que está muy relacionada con las élites turcas, y John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, ha insinuado que el presidente ha participado en actividades corruptas para proteger sus intereses financieros en Turquía. Sobre este tema también podría hacer más simple una investigación la novedosa Administración de Biden.

El nuevo fiscal general de Biden podría ordenar la publicación de documentos misterios redactados por el Despacho de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC). Aunque la Administración Trump ha publicado ciertos de estos documentos para justificar algunas de sus políticas más discutidas, es muy significativo que no hayan publicado otros, entre el informe que enseña por qué razón el Departamento de Justicia no procesó a Trump por obstrucción a la justicia, tal y como aconsejaba el informe Mueller.

“No existe nada que pueda detener al nuevo presidente de decirnos: estos documentos ahora son públicos, podéis verlos en nuestra página web”, señala Libowitz. 

Trump también fue acusado de abusar de su presupuesto en el momento en que defendió la contribuye a Ucrania como una parte de su relación quid pro quo para promover la investigación a Biden.

La nueva administración podría juzgar hasta qué punto es admisible el método que prosiguieron sus predecesores para clasificar como misterios algunos de esos documentos. Por poner un ejemplo, durante el impeachmentse reveló que la Casa Blanca charlaba por teléfono con otros mandatarios por una línea segrega por el único fundamento de evitarle al presidente la vergüenza que habría pasado si se hubieran transcrito estas diálogos.

“Es positivo que la Administración Biden revise estas elecciones de la Administración Trump para poder ver si algún material fue indebidamente clasificado”, asegura Erica Newland, asesora de Protect Democracy, una asociación sin ánimo de lucro establecida como respuesta a la batalla legal de Trump para impugnar las selecciones.

Y, a fin de que nadie considere que Biden pretende tomar estas medidas por mero revanchismo político, hay que dejar en claro que esta transparencia también le afectará a él y a los futuros presidentes. Los poderes de Trump para ocultar información al Congreso, a los medios y a la ciudadanía ya existían antes de su llegada. La meta es evitar que vuelvan a existir en futuras presidencias.

“Debe producirse un cambio de mentalidad para que la transparencia salga de manera natural”, propone Lauren Harper, directiva de políticas públicas del Fichero de Seguridad Nacional. “Debemos mudar nuestro método a la hora de clasificar documentos, pero también a la hora de desclasificar. Ha habido lagunas y hay precedentes. Debemos reconsiderar nuestra forma de desclasificar documentos. Parece que no es un tema interesante si no hay un escándalo”.

¿Y qué pasará después?

La desclasificación de documentos de la era Trump podría ocasionar la designación de fiscales particulares para efectuar las debidas investigaciones y acusaciones. También, podría desencadenar indagaciones en el Congreso para detallar lo sucedido o inclusive ofrecer pie a métodos civiles y penales.

En verdad, ahora hay ciertas pruebas por las que la fiscalía podría accionar de trabajo en el instante en que Trump abandone la Casa Blanca.

La situacion más evidente es el de Michael Cohen, el exabogado personal de Trump que nombró a este entre los implicados en diversos delitos de los que se declaró culpable, como el soborno durante la campaña de 2016 a la pornstar Stormy Daniels para comprar su silencio sobre las supuestas relaciones extramatrimoniales que mantuvieron Trump y . O sea, que el fiscal del distrito sur de Novedosa York podría procesar a Trump por su cuenta si lo estimara pertinente.

“Es considerable por el bien de la democracia que las personas que se brincan las leyes asuman las responsabilidades de sus actos, aunque hayan pasado 4 años en la presidencia”, enseña Paul S. Ryan, abogado de la asociación sin ánimo de lucro Common Cause.

Hoy en dia, la fiscal general de Novedosa York, Tish James, y el fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance, ahora están haciendo indagaciones independientes sobre los negocios de Trump por sus presuntos delitos de financiación y evasión de impuestos.

“Según he leído, hay varias investigaciones en marcha en algunos estados”, ha comentado Biden, “pero no existe nada que pueda hacer o bien dejar de hacer sobre esto”.

El fiscal general que elija Biden, sin embargo, sí que podría ordenar al Departamento de Justicia que colabore con todas las indagaciones estatales que lo pidan, algo que no hizo William Barr, el fiscal general de Trump, que termina de comunicar su renuncia tras admitir la derrota del presidente.

Dado que Biden ha prometido no presionar desde la presidencia al Departamento de Justicia, los fiscales podrían optar por accionar de trabajo allá donde las pruebas sean más evidentes.

Una exclusiva normalidad

Existe la creencia de que los nuevos presidentes no deberían investigar a sus precursores. El encargado de esa iniciativa es el presidente Gerald Ford, que indultó a Richard Nixon en 1974 de todos los delitos que pudiera haber cometido durante su presidencia.

Muy online con las declaraciones de Biden hoy en día acerca de buscar la unidad y mirar hacia enfrente, Ford justificó el indulto para no “polarizar nuestras opiniones” y no “despertar nuestras peores pasiones” con un juicio político que habría durado años.

Pero, tal como Ford indultó a Nixon, no logró lo propio con sus colaboradores más próximos. Es verdad que ningún presidente hasta la fecha había investigado a sus precursores, mas las cosas cambiaron desde entonces.

En la situacion de Nixon, el fiscal general John Mitchell, el jefe de personal de la Casa Blanca H.R. Haldeman y el asesor de política nacional John Ehrlichman, entre varios otros, fueron procesados y declarados responsables de delitos relativos al escándalo Watergate. Además, el abuso que protagonizó Nixon de las agencias de inteligencia, adjuntado con revelaciones de presentes anónimos, provocó que el Congreso se pasara la década de los 70 festejando audiencias sobre abusos de las agencias de inteligencia que se remontaban en el final de la II Guerra Mundial.

La investigación sin dependencia del escándalo Van a ir-Contra, en el que ciertos integrantes del Consejo de Seguridad Nacional de Ronald Reagan hicieron políticas exteriores secretas y también ilegales, prosiguió hasta cuatro años después de dejar Reagan el Despacho Oval. Solo concluyó cuando el presidente George Bush padre indultó a todos y cada uno de los implicados poco tras perder la reelección en 1992 y justo antes que Casper Weinberger, Secretario de Defensa, fuera llamado a testificar ante los jueces. (Esto, en realidad, fue un autoindulto, debido a que Weinberger afirma en su períodico que el presidente se encontraba al tanto de las ilegalidades que estaban cometiendo en política exterior).

Después de que el presidente Bill Clinton absolviera en el último instante por evasión de impuestos al magnate Marc Rich, cuya esposa realizaba desprendidas donaciones al partido demócrata, el nuevo fiscal de George Bush hijo, John Ashcroft, designó a un fiscal particular para investigar si Clinton había vendido el indulto en lugar de sustanciosas donaciones de campaña. Al final, el fiscal particular James Comey no encontró patentizas de ningún delito.

Cuando Obama tomó posesión, padeció una gran presión para investigar el régimen de torturas que había instaurado George Bush hijo como parte de su guerra mundial contra el terrorismo. El fiscal general Eric Holder designó a John Durham como fiscal particular encargado de investigar a la CIA por autorizar y llevar a cabo la política de torturas de Bush. En el final, Durham no formalizó ninguna acusación.

Cuando el FBI empezó a investigar la posible implicación de Trump en el hackeo del Comité Nacional Demócrata, el fiscal general William Barr designó de nuevo a Durham como fiscal especial para investigar si el FBI había participado en cualquier actividad indebida durante el mandato de Obama.

Que casi nadie haya sido proclamado culpable en estas indagaciones solo refuerza el miedo existente a la impunidad de las elites, que surgió fuertemente tras el indulto a Nixon. Aun de este modo, estas investigaciones demuestran que no es nada fuera de lo común que una exclusiva administración o bien un nuevo Congreso echen la visión atrás en busca de conductas incorrectas en la administración anterior. El hecho de que los culpables hasta ahora no hayan asumido las secuelas de sus actos es un motivo más a fin de que Trump sí acepte las suyas y siente un precedente entre los más poderosos.

Este artículo fue publicado inicialmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.




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