La Fiscalía de Madrid sigue sin ver rastros de financiación irregular en Podemos pero pide que prosiga como investigado

ASSOCIATED PRESSPablo Iglesias en la tribuna del Congreso. La Fiscalía Provincial de Madrid prosigue sin ver rastros de que Podemos cometiese un presunto delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona Consulting

La Fiscalía Provincial de Madrid prosigue sin ver rastros de que Podemos cometiese un presunto delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona Consulting para la campaña de 2019, si bien solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que mantenga la condición de investigado como persona jurídica en esta causa.

De esta forma lo manifiesta la fiscal del caso Neurona, Lorena Álvarez Taboada, en un informe con fecha del pasado 2 de diciembre, al que tuvo ingreso Europa Press, sobre el fichero de la causa solicitado por el partido liderado por Pablo Iglesias. En tal escrito la gerente del Ministerio Público repite los mismos razonamientos que expuso el mes pasado de octubre con relación a una petición similar de la formación ‘morada’ y regresa a afirmar que la condición de investigado es “más garantista” para el partido puesto que le deja “defenderse”.

La Fiscalía de La capital española apunta que “los únicos hechos respecto de los que hay rastros racionales de delito” son los referidos a la contratación mercantil Neurona, por el que se habría pagado 363.000 euros para que realizara trabajos de asesoría política con motivo de las elecciones en general de 2019, y que estos son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en archivo mercantil y un delito electoral, tal y como apuntó el Tribunal de Cuentas en su informe.

No obstante, según recuerda la fiscal, ninguno de los dos delitos tienen la posibilidad de ser cometidos por una persona jurídica y más aun sabiendo que el delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales, quienes están imputados en la causa.

Le permite tener conocimiento de la investigación

En su opinión, y “centrándose exclusivamente” en tal contratación, el único delito que se le puede atribuir a la capacitación ‘morada’ es el de financiación irregular de los partidos, aunque recalca que “de las diligencias practicadas por el momento, no hay rastros de esa presunta financiación irregular”.

Por esto, entiende que “atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para exactamente el mismo por cuanto le deja tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más rastros de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”.

“Esto es, la tipificación inicial no es absurda o arbitraria y la atribución de semejante condición no hace sino más bien asegurar su derecho del peticionario”, concluye, pues si el partido no ostenta la condición de investigado “mal podría ofrecer prueba o interponer elementos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”.




Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *