El Gobierno puede, a idea propia, declarar ‘zona catastrófica’ las áreas afectadas por ‘Filomena’

   MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –    El Gobierno podría declarar a iniciativa propia una ‘zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil’, sin aguardar a su aprobación por las gestiones autonómicas que en este


   MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –

   El Gobierno podría declarar a iniciativa propia una ‘zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil’, sin aguardar a su aprobación por las gestiones autonómicas que en este caso han resultado perjudicadas por la borrasca ‘Filomena’, si así lo proponen al Consejo de Ministros los ministros de Hacienda y de Interior, o bien en su caso los sucesos de otros departamentos damnificados.

    De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que se aprobó en julio de 2015 con un amplio consenso parlamentario y respaldo de los campos afectadas, precisamente el espíritu de la normal contempla la declaración de región gravemente perjudicada por una emergencia de protección civil para adoptar «medidas de reparación», tales como la exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de cotizaciones de la Seguridad Social, tal como la consideración «de fuerza mayor» ciertas suspensiones de contratos de trabajo o incluso la reducción de una jornada laboral que haya tenido como «causa directa» tal situación de urgencia.

   Mas la ley va más allá e incluso prevé la posibilidad de otorgar ayudas en caso de catástrofe aunque no se declare previamente un área como zona perjudicada dificultosamente por una emergencia de protección civil y además de esto, el Consejo Nacional de Protección Civil puede convenir los precios unitarios de coste de servicios para hacer más simple la cuantificación de costos en los convenios de colaboración cuando concurran en la emergencia numerosas administraciones.

   La cuestión terminológica queda también bien definida por el marco normativo que precisa que una urgencia de protección civil es una situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida de parte de los poderes públicos para atenderlas y atenuar los daños y tratar de evadir que se transforme en una catástrofe.

   Por su parte, la ley define catástrofe a una situación o bien acontecimiento que altera o bien penetra substancialmente el funcionamiento de una red social o bien sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención sobrepasa los medios accesibles de la propia red social.

   Con todo, el procedimiento para declarar «zona perjudicada dificultosamente por una urgencia de protección civil», término que reemplazó a lo que antes de esta ley se conocía como «región aciaga» –término con el que se han referido numerosos representantes públicos en esto días de ‘Filomena’– corresponde en cualquier caso al Consejo de Ministros, a propuesta de, al menos los sucesos de Interior y Hacienda, o tras ser necesitada por la administración pública interesada.

   Para eso, el Gobierno puede pedir un informe a la red social o comunidades autónomas afectadas para valorar así si se han producido daños personales o bien materiales de un siniestro que «perturbe gravemente» las condiciones de vida de la población en un área geográfica cierta o bien en el momento en que se genere la paralización, como resultado del mismo, de todos o bien varios de los servicios públicos esenciales.

   Por otra parte, la declaración de urgencia de interés nacional se puede efectuar caso de que sea primordial prever la coordinación de Administraciones diversas, que afecten a numerosas comunidades autónomas y demanden la aportación de recursos a nivel supra-económico o bien las que por sus dimensiones funcionales o previsibles requieran de una dirección de carácter nacional.

MARLASKA, JEFE EN LA EMERGENCIA ‘FILOMENA’

   Es en estos casos de declaración de emergencia de interés nacional en el momento en que le corresponde la atribución al titular del Ministerio del Interior, en un caso así Fernando Grande-Marlaska, «bien por idea propia o bien a instancia de las comunidades autónomas o bien de los Encargados del Gobierno en las mismas». En todo caso, si lo realiza debe comunicárselo antes a la comunidad autónoma afectada o perjudicadas si son más de una.

   Exactamente en esta clase de emergencia es también el titular de Interior quien asumirá su dirección, la ordenación y coordinación de las actuaciones, la gestión de los elementos estatales, autonómicos y locales en el territorio perjudicado y sin perjuicio de lo que se dispone en la ley para los estados de alarma –como el que rige hasta el mes de mayo en España–, de salvedad y sitio. El ministro del Interior podría incluso requerir a otras gestiones públicas que no estén afectadas por la urgencia que pongan a predisposición sus recursos movilizables.

   Además de esto, desde el momento en el que el pasado 5 de enero se activó la etapa de ‘preemergencia’ del Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM) es el ministro Grande Marlaska quien tiene asumido el mando de la dirección y coordinación de los recursos del sistema de Protección Civil y, si fuera activada la Unidad Militar de Emergencias (UME) como ha ocurrido en ‘Filomena’, la dirección operativa de la emergencia podría encomendarse bien al ministro del Interior o al titular de la jefatura de la UME. Y respecto a las competencias autonómicas, la etapa operativa 1 –activada en un caso así– no influye en aquellas de dirección y administración autonómica de las administraciones afectadas.

   Exactamente, el Ejecutivo ha estrenado el PLEGEM con ‘Filomena’, debido a que el plan fue aprobado por el Gobierno en el penúltimo Consejo de Ministros de 2020, el 15 de diciembre y fue anunciado un día siguiente por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   No obstante, este miércoles en rueda de prensa, el titular de Interior ha asegurado que la administración «corresponde» a las comunidades autónomas y entidades locales, hasta el momento en que el Gobierno acepta la coordinación de medios una vez que han sido pedidos por las gestiones competentes» y en relación a esa coordinación aseguró que es «fluida y adecuada».

CUESTIÓN DE MATICES Y ECONÓMICA

   Otro de los matices de la regla es visto que el Estado está obligado a ayudar con elementos humanos y materiales en los términos que defina Protección Civil; no obstante, la compromiso por daños y perjuicios que se delegen de los medios estatales corresponderá a la administración Pública que asuma la dirección de la emergencia.

   Una vez declarada región perjudicada gravemente por una emergencia de protección civil, el Gobierno podrá detallar ayudas económicas a particulares, a corporaciones locales, ayudas a empresas y a explotaciones ganaderas y agrícolas o subvenciones por daños en infraestructuras, además de medidas de ayuda fiscales, laborales y de la seguridad social.

   En este contexto, el ministro ha agregado que ahora se han comenzado a evaluar los daños, algo que no puede terminar mientras no concluya la emergencia climatológica, pero ha garantizado que «ningún perjudicado va a dejar de ver satisfecho el daño que haya podido o bien pueda sufrir».

   «Estamos valorando, se aplicará la normativa, mas para agradar las necesidades de los ciudadanos y reparar los daños ocasionados en una circunstancia de emergencia climatológica», ha apostillado.

   Por último, ha dicho que todos los dispositivos siguen activos para contestar al temporal y proteger al conjunto de la población, asegurar la vuelta a la normalidad de los servicios públicos esenciales y para considerar y compensar todos y cada uno de los daños sufridos.


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