El Poder Judicial vuelve a cargar contra PSOE y UP por su reforma exprés

EFECarlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial El Consejo General del Poder Judicial considera que la tramitación urgente de la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para vetar los

El Consejo General del Poder Judicial considera que la tramitación urgente de la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para vetar los nombramientos judiciales cuando este órgano esté en funciones no respeta la separación de poderes, y de ahí que ha acordado por 16 votos a 5 pedir de nuevo al Congreso que le requiera un informe sobre esta reforma.

El CGPJ ha adoptado esta decisión en un pleno extraordinario convocado después de que la Mesa del Congreso rechazara a principios de año solicitar dicho informe a este órgano y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, tal y como planteó el CGPJ al entender la intención de los dos partidos de limitar sus funcionalidades hasta su renovación.

Según el acuerdo aprobado, que consta de 8 puntos, la modificación “de una regulación que perjudica directamente a entre las primordiales funciones” del CGPJ, “eliminándola a lo largo de la situación de prórroga del orden” y sin dar audiencia a los implicados, no es “el sendero correcto ni el más respetuoso con las demandas del principio de separación de poderes”.

En el acuerdo, al que se han opuesto los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, el CGPJ “lamenta intensamente” que la Mesa del Congreso “haya hecho caso omiso” de la solicitud que le dirigió el pasado 17 de diciembre de reclamar dichos informes y de que diese “audiencia a todos y cada uno de los agentes afectados por la reforma” como las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas y también instituciones públicas del ámbito de la Justicia.

Semejantes necesidades, recuerdan, “no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para proteger la independencia judicial”, según recopila el artículo 122 de la Constitución.

La “desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al Consejo General del Poder Judicial”, advierte el acuerdo.

“Y no, exactamente, porque comprenda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación”, sino porque la decisión de la Mesa “privará al enfrentamiento parlamentario” y, “a la postre, a la ciudadanía” del parecer “preparado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las reglas de sobra alto rango para garantizar la independencia judicial”.

Por estos motivos, el pleno del CGPJ “se ve en la obligación de pedir, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa” de dar tramitación urgente y sin audiencia” a esa propuesta de ley.

“La carencia de audiencia, no solo ignora el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y jueces, sino asimismo le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos”, establecidos en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia.

La decisión de la Mesa -prosigue el acuerdo- tampoco da oportunidad al CGPJ de informar sobre de qué manera puede incidir la reforma propuesta en el “acertado” funcionamiento de la Administración de Justicia por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o bien la carencia de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas.

“En la medida que en el trasfondo de este asunto está la excesiva prolongación de la prórroga del orden de este Consejo, también poseemos de nuevo que instar a las fuerzas políticas representadas en las Cortes En general a fin de que acuerden su renovación a la más grande brevedad” reitera el CGPJ.

“El cumplimiento de ese deber constitucional”, añade, hay que anteponer “a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo deben abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones”.

“Esa es la única vía para la capacitación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución de su recurrente cuestionamiento y le dote de una seguridad que redunde” en la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial, concluye el acuerdo.




Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *