Togas y algoritmos deben trabajar juntos

¿Dictará un día una sentencia un robot vestido de juez? ¿Vuelva usted mañana será en algún momento solo una obra de Mariano José de Larra? Y si avanzamos, como estamos haciendo, en la digitalización de


Un magistrado vestido con la tradicional toga.

¿Dictará un día una sentencia un robot vestido de juez? ¿Vuelva usted mañana será en algún momento solo una obra de Mariano José de Larra? Y si avanzamos, como estamos haciendo, en la digitalización de la justicia, ¿qué va antes, el desarrollo de una nueva tecnología o bien su regulación? 

Hay cuestiones que por el momento no semejan tan lejanas o bien extravagantes como hace unos años. En cualquier caso, sugieren dilemas que debemos abordar, principalmente ante avances tecnológicos cuyo alcance solo se empieza a atisbar.

Es el caso de la inteligencia artificial (inteligencia artificial) y muchas de sus incontables apps. Si bien es una tecnología que lleva años entre y que cada vez es más habitual, hay industrias en las que su aplicación puede asustarnos de entrada, o parecernos desatinada. Si eso sucede es porque es cierto: y es donde más cuidado tenemos que tener para que se emplee y regule con la mayor transparencia posible.

El sistema judicial es un área que clama por una digitalización hasta la actualidad insuficiente. La inteligencia artificial puede aportar ideas frescas y agilidad de procesos; es decir, puede ser realmente útil para los ciudadanos. Avanzar, con tiento y objetividad, ha de ser la meta. Veremos luces y sombras en algunos ejemplos.

En 2017, la consultora de investigación McKinsey ya estimaba que el 22% del trabajo de un letrado y el 35% del de un asistente legal podrían ser automatizados. Ahora se han comenzado a conocer reajustes y pasos adelante en bufetes de abogados y enormes corporaciones. 

En Estados Unidos se ha intentado reducir la proporción de presidiarios en los centros penitenciarios a través de conjeturas fundamentadas en su comportamiento, para entender sus posibilidades de reincidir. Se detectaron errores graves, por no prestar atención a los probables cortes y prejuicios que el algoritmo de IA (inteligencia artificial) puede incluso amplificar. 

En Argentina, por medio de Prometea, un sistema informático que utiliza IA, el Ministerio Público Fiscal resuelve en minutos expedientes judiciales que de otro modo le llevarían meses. Es una manera de calmar la congestión y de utilizar esa herramienta tecnológica para casos subjetivamente simples. 

En China, la IA (inteligencia artificial) se ha probado en localidades como Beijing para hacer más ágil cuestiones judiciales de comercio online y transferencias virtuales y en la nube.

El desarrollo de la IA debe ser absolutamente coincidente con la garantía de que se cumplan los derechos escenciales, la calidad del sistema y el estado de derecho

En Europa también son varios los ejemplos que comienzan a florecer. En Francia, la inteligencia artificial se estudia para la llamada justicia predictiva en materia civil y penal. En Inglaterra y Gales, el pasado mes de diciembre, se anunciaba que robots de inteligencia artificial van a tener acceso a 400.000 casos judiciales para revisarlos y hacer mejor su algoritmo. El Ministerio de Justicia de Estonia trabaja en el diseño de un robot juez –¡esto es que sí, cualquier día habrá un robot juez!- que logre dictar sentencias en demandas sencillas. 

La Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar la digitalización del sistema judicial. Por ejemplo, en España se abrió la puerta en abril del año pasado a la posibilidad de celebrar juicios 100% por vía telemática. 

Muchos son los retos éticos y legales que plantea el avance de la inteligencia artificial aplicada a los organismos encargados de impartir justicia. Debe ser completamente compatible con la garantía de que se cumplan los derechos escenciales, la calidad del sistema y el estado de derecho. 

Desde el Parlamento europeo se está trabajando en una iniciativa sobre la inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales. Hace ya casi un año, el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (LIBE) se reunió para investigar los provecho y riesgos de utilizar esta tecnología en el sistema judicial, y para analizar principalmente las implicaciones éticas similares con los derechos escenciales.

Para Europa la digitalización de la justicia ha de ser una meta vital hacia una democracia más creativa y amoldada a los nuevos tiempos. En esa transformación, la UE, mediante la estrategia de justicia digital (e-Justice Strategy) y el Plan de Acción 2019-2023, marca como preferencias la utilización de la IA (inteligencia artificial) y de otras tecnologías como el blockchain en el campo jurídico. Entre los objetivos de ese plan de acción están desarrollar una utilidad de análisis con inteligencia artificial para respaldar las decisiones en los tribunales y un asistente conversacional o chatbot que asista a la búsqueda de información específica.

Las fronteras de la regulación son delicadas: una excesiva regulación puede implicar demasiada burocracia, y postergar por consiguiente el avance y la innovación. Es vital llevarlo a cabo bien, para fortalecer la seguridad en los métodos y conectar con las generaciones nativas digitales, que se desenvuelven con toda naturalidad en nuevos formatos y maneras de utilizar las tecnologías.

La resolución final –estamos hablando de las cosas complicadas y también importantes― siempre debe tenerla un juez La IA (inteligencia artificial) no debe ni puede dictar una sentencia: en España, solo tienen la posibilidad de jueces y jueces, según el artículo 117 de la Constitución Española. Precisamente, el Consejo Europeo se posicionó sobre esto el mes pasado de octubre, señalando que la utilización de herramientas de IA (inteligencia artificial) no debe entorpecer con el poder de decisión de los jueces o bien la independencia judicial.

Mas hay muchas otras cosas: aligerar trámites, analizar documentos, contrastar sentencias y eliminar esos procesos que colapsan la vida diaria del sistema judicial. Muchos señalan el expediente judicial electrónico como la puerta a resoluciones que digitalizarán y optimizarán el sistema judicial. Con la riqueza de los datos que tenemos, la IA (inteligencia artificial) puede entrenarse con una cantidad enorme de documentos legales y estudiar, por servirnos de un ejemplo, a apuntar con qué fuentes un letrado puede contar para llevar a cabo un caso, o bien apoyar en el meticuloso trabajo de investigación que hay que hacer. Asimismo puede ayudar a los abogados a sugerir servicios más customizados. Y a los ciudadanos, a eliminar algunas pesadillas burocráticas.

Si el fin último es prestar lo destacado al ciudadano, la jugada capaz es tener a nuestro alcance todas y cada una de las herramientas probables para tomar las decisiones adecuadas. La integración de la mayor proporción de tecnologías posibles es el camino hacia ese cambio tecnológico y organizativo profundo y, la IA (inteligencia artificial), bien regulada, es una aliada. Próximamente observaremos más soluciones impulsadas por la IA (inteligencia artificial) en juzgados y tribunales. Al fin y al cabo, un mejor acceso a la justicia para todos.


Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *