La polémica reforma del CGPJ sigue: el Congreso tumba las enmiendas a la integridad

EFE/MARISCALLa representante socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el morado Pablo Echenique, este jueves en el Congreso. La polémica reforma del Poder Judicial que ofrecen PSOE y Tenemos la posibilidad de continúa. El Congreso

La polémica reforma del Poder Judicial que ofrecen PSOE y Tenemos la posibilidad de continúa. El Congreso ha tumbado este jueves las 4 enmiendas a la integridad que presentaron PP, Vox, Cs y Junts al plan de socialistas y morados de evitar que el CGPJ realice nombramientos en el momento en que se halle en funcionalidades, como está ya hace ahora más de un par de años.

El órgano de Gobierno de los jueces, no obstante, se ha adelantado al Congreso y ha aprobado este mismo jueves y con extenso consenso (18 votos a favor y tres en blanco) siete nuevos nombramientos: los nuevos presidentes de la salón popular del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y las audiencias provinciales de Cantabria, Granada, León, Navarra, Baleares y Localidad Real.

La mayor parte de los vocales del Poder Judicial están en oposición a la iniciativa parlamentaria. El CGPJ, mientras, prosigue cumpliendo con la función que los dos asociados de Gobierno quieren limitar cuando haya caducado su mandato y que no fué nuevo por la oposición del PP a que jueces afines a Podemos formen parte del Consejo.

La mayor parte de los vocales del Poder Judicial están en oposición a la idea parlamentaria

La iniciativa de socialistas y morados ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y el órgano de Gobierno de los jueces. El Poder Judicial considera que la tramitación urgente de esta reforma no respeta la separación de poderes y quiere que el Congreso solicite un informe sobre ella.

El inconveniente es que los asociados de Gobierno no tienen intención de aparcar esta propuesta, como sí hicieron con la que registraron antes para liquidar las mayorías parlamentarias exigidas para seleccionar a los vocales del CGPJ y que levantó recelos aun en las instituciones de europa.

La base del proyecto, registrado el pasado 2 de diciembre, es limitar las resoluciones que puede tomar el CGPJ cuando su mandato haya expirado. Específicamente, pretende evitar que nombre altos cargos. En concreto, recopila que el órgano de Gobierno de los jueces no debe denominar al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, a los presidentes de Sala y a los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

El objetivo que persigue el Gobierno es forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ

El propósito que persigue el Gobierno es forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, algo que se antoja complicado en plena campaña electoral catalana. No obstante, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha comentado en alguna ocasión que el acuerdo con los populares está “cerrado” a falta de llevarlo a cabo público.

El PP, por su parte, ha defendido su enmienda a la totalidad y un texto alternativo a la reforma, en el que ofrece que la mayor parte de los vocales del CGPJ (los 12 de extracción judicial) sean seleccionados por los propios jueces. Ese es el mismo sistema que han defendido Vox y Cs.

Los independentistas catalanes de Junts, por su lado, han propuesto que algún juez pueda postularse como vocal del Poder Judicial y que sea el Congreso quien decida si les elige o bien no. La iniciativa de Junts es que cada diputado pueda votar hasta 4 aspirantes, un método semejante al de la elección de la Mesa de la Cámara.

Las 4 formaciones que han defendido enmiendas a la integridad entienden que no tiene sentido recortar las competencias del Poder Judicial cuando el problema, afirman, es el actual sistema de elección de los vocales. 

Las principales asociaciones judiciales, en contra

Si en algo coinciden las principales asociaciones de jueces y jueces de España es en que los políticos tienen una “concepción familiar” de la Justicia. Esa, sostienen, es la raíz de un inconveniente enquistado desde hace unos años pero que es poco a poco más evidente. Y es lo que hace que el órgano de Gobierno de los jueces lleve dos años en funcionalidades.

La proposición de ley de PSOE y Podemos supone, para la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, la constatación de un fracaso: “Es demostrar la incapacidad que tienen los políticos de llegar a un acuerdo y llevar a cabo lo que tenían que haber hecho, que es actualizar el Consejo. Esa es su obligación”.

En la misma línea se expone su compañero Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente: “Estamos totalmente en contra. No solamente de esta reforma. También de la anterior por la que se podía elegir el Consejo símplemente por mayoría absoluta. Es necesario un reforma. Mas una que cumpla con las demandas del grupo de estados contra la corrupción; que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos de forma directa por jueces y magistrados. Si no se ha renovado el Consejo es por el hecho de que el sistema está fatigado”.

Tres de las principales asociaciones de jueces y jueces han reclamado esta semana que las reformas del Poder Judicial que expone el Gobierno prosigan “el sentido marcado por la Unión Europea”, en lugar de socavar “los cimientos del Estado de Derecho”. Por eso, solicitan que 12 de los 21 vocales sean elegidos por los jueces.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han emitido un aviso grupo tras entender la preocupación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jouvá, por las reformas que expone el Gobierno español como salida a la falta de acuerdo para renovar el CGPJ.

La comisaria apela, en una respuesta a la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundua, a “la Recomendación del Consejo de Europa que establece que no menos de media parta de los miembros del Consejo han de ser jueces seleccionados por sus pares” y advierte de la relevancia de que algún “futura reforma” de este órgano “tenga presente los estándares de europa”.

“Ni es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que desde Europa se advierte a España que no está cumpliendo los estándares de europa en lo que se refiere a la defensa del Estado de derecho”, lamentan las asociaciones judiciales, que recuerdan que desde hace unos años demandan “esta reforma que reiteradamente nos están sugiriendo las instituciones de europa”. 


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