La vacunación será universal o bien no va a ser

Amalia Vargas via Getty ImagesHand holding syringe and possible covid-19 vaccine in Mexico Lo llevamos diciendo desde el momento en que comenzó la pandemia y la crisis popular causada por ella: de esta solo podremos

Lo llevamos diciendo desde el momento en que comenzó la pandemia y la crisis popular causada por ella: de esta solo podremos salir en común, o bien no saldremos. No es un eslogan. Es una obligación para superar la pandemia: no vamos a estar a salvo salvo que todo el planeta esté seguro. Solo los cuidados, la protección, la inversión pública y el trabajo en común nos pueden socorrer de la crisis sanitaria y social que vivimos. 

Por esa razón, los sistemas públicos han vuelto al sitio central que jamás debieron perder. Mas, ¿es compartido por todos? En este año de pandemia, algunos y algunas quieren que nos desviemos de lo esencial, que olvidemos lo que ha significado la privatización de los sistemas de salud, la precarización de los empleos sanitarios, la carencia de compañias públicas listas para producir cuándo sea necesario y hacerlo de forma alcanzable.

Ahora que, tras un increíble esfuerzo público y científico, tenemos la posibilidad de contar con vacunas, ¿comparte todo el mundo que sólo en común superaremos la pandemia? Estos días vimos de qué manera en nuestro país varios cargos escogidos se han saltado los protocolos establecidos para garantizar estos cuidados colectivos. Protocolos que pasan por resguardar primero al personal médico esencial para hacer frente al virus y a los grupos más vulnerables, como la gente superiores que viven en residencias y que han sufrido sus peores consecuencias. Ha explotado una indignación comprensible, y deben pedirse responsabilidades.

¿Comparte todo el planeta que solo en común superaremos la pandemia?

Mas no puedo dejar de apuntar que no es sólo una cuestión de egoísmo particular, sino afrontamos problemas estructurales en el ingreso a la vacunación. Que no son sólo de distribución, sino más bien de producción. El asombroso desarrollo de múltiples vacunas en menos de un año fué viable merced a una gran inversión de fondos públicos que impulsó el trabajo de laboratorios de todo el mundo. Ahora no podemos dejar que las grandes farmacéuticas ‘privaticen’ esos avances y conocimientos y pretendan acaparar la respuesta a la COVID. Es urgente que la Comisión Europea obligue a estas empresas a cumplir sus contratos para que los Estados logren realizar sus calendarios de vacunación. 

Mas hace falta más. Esta semana, la izquierda europea lanzó una campaña de acompañamiento a la Idea Ciudadana #Right2Cure, impulsada por colectivos sociales y plataformas del campo sanitario de toda Europa. Su propósito es reunir un millón de firmas para exigir que las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19 sean declarados de interés público global (y por tanto, de acceso universal y gratuito); más transparencia en el desarrollo de adquisición y distribución; y que Bruselas se adhiere al compromiso de declarar las vacunas libres de patentes, como ya han pedido numerosos Estados dentro de la ONU. En esta línea, el software COVAX quiere garantizar el acceso justo y equitativo de todos y cada uno de los países a las vacunas: no tiene sentido que la cura no llegue al 75% de la población mundial. La izquierda europea logró recientemente una pequeña victoria a este respecto, logrando que el Consejo de Europa solicitase a los Estados miembros que declaren las vacunas recursos públicos globales.

La idea #Right2Cure, como muchos integrantes del Parlamento Europeo en los últimos meses, asimismo pide que los contratos con las farmacéuticas sean públicos. Por el momento, sólo hemos podido ver uno, firmado con CureVac, después de que la Comisión cediese a la presión de la Eurocámara y la prensa. Y ciertas secciones están tachadas. Mientras que, los pactos con AstraZeneca, Pfizer y Actualizada prosiguen ocultos. La Comisión Europea debe difundir de manera íntegra todos sus acuerdos. Además de ser un gesto de transparencia, asistiría a eludir los problemas con el suministro que nos encontramos tolerando, por ejemplo, con AstraZeneca. La ciudadanía está en su derecho a saber cuánto han costado las vacunas, qué compromisos de entrega han firmado las compañías y qué medidas puede tomar la UE en el caso de incumplimiento. La transparencia no sólo es un derecho democrático sino más bien una forma de eludir que unos pocos, como aquellos que se brincan las colas, hagan negocio a costa de nuestras vidas.

No se pueden tolerar acciones como el apartheid médico israelí contra la población palestina

En el marco en todo el mundo, tampoco se pueden tolerar acciones como el apartheid médico israelí contra la población palestina. Mientras que el país presume de ser el más rápido en vacunar a su ciudadanía, introduciendo a los israelíes que viven en asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, obstaculiza la vacunación tanto de civiles como de personal médico palestino en estas zonas. No solo es ética y legalmente inaceptable, es que negar esa atención médica infringe el derecho internacional. Esta semana me dirigí al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para denunciar esta situación. La OMS y ONU tienen que tomar una posición clara para evitar la comisión de posibles crímenes de apartheid y a fin de que Israel cumpla con sus obligaciones como capacidad ocupante.

En fin, este es un desafío titánico que no tenemos la posibilidad de enfrentar divididos, sino más bien con el ahínco común de pacientes, personal médico y científico, movimientos sociales, instituciones y partidos políticos. Es una cuestión de interés general, y por eso necesitamos transparencia, trabajar a fin de que las vacunas sean un bien público que todos y cada uno de los países puedan generar y distribuir, también, a través de empresas estatales. Las vacunas desarrolladas con financiación pública tienen que declararse como licencia obligatoria para que las compañías no las ‘capturen’ mediante patentes y hagan negocio con . Es el instante de la solidaridad, del deber, y de poner todos los recursos al servicio del interés general.




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