Un juez determina que la nulidad de la venta de 3.000 casas del IVIMA alcanza a todos los inmuebles

La Comunidad no ha recibido notificación y «tan pronto lo reciba» y «si procede» interpondrá un recurso MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de La capital de españa ha determinado


La Comunidad no ha recibido notificación y «tan pronto lo reciba» y «si procede» interpondrá un recurso

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de La capital de españa ha determinado que la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del Ivima a un fondo de inversión declarada en mayo de 2018 afecta a la totalidad de los inmuebles y no al caso específico del vecino de Navalcarnero que asistió a los tribunales.

Una sentencia del 21 de mayo de 2018 anuló la venta en 2013 de estas casas a un fondo de inversión resolviendo la situacion de un inquilino que accedió en 2007 a un piso de protección oficial de este plan de viviendas impulsado por el entonces presidente regional Ignacio González.

En este momento, un coche dictado el pasado 1 de febrero, al que ha tenido ingreso Europa Press, afirma la nulidad de pleno derecho del acuerdo del consejo de administración de la Agencia Social de la Vivienda, de 18 de junio de 2020, en la parte en que limita la llegada de la sentencia de este juzgado, de mayo de 2018, a «la anulación de la adjudicación respecto de las casas ocupadas por los inquilinos que recurrieron la adjudicación de la enajenación de las 32 promociones».

De este modo, se afirma que la sentencia de este juzgado consigue a «la anulación de la adjudicación a Azora Gestion del contrato de enajenación de las 32 promociones y con esto de la totalidad de los inmuebles que las integran».

Además, el juez requiere a Azora Gestion y Encasa Cibeles a que se abstengan y cesen de «algún actuación tendente a la enajenación de cualquiera de tales inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal pertinente».

De la misma forma, se necesita a la Agencia de la Vivienda Social a que en «el período de diez días proceda a pedir la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas las fincas registrales que tienen dentro las 32 promociones que fueron objeto de la venta cancelada».

El juez repudia requerir a Azora Gestion y Encasa Cibeles a que, en tanto, la Agencia Popular de la Vivienda «no tome posesión de los inmuebles, se abstengan de comenzar o continuar frente a los inquilinos de tales inmuebles algún trámite de desahucio o algún otro género de procedimiento iniciado con la misma finalidad o a instar el lanzamiento de alguno de los inquilinos».

En la resolución, se señala que «no puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que quedarán sumidas muchas familias a consecuencia de la crisis desatada por la epidemia del Covid-19».

«Y, si esta perjudica a varios de los recientes inquilinos, no tendrán más que acudir, para eludir desahucios, a la Comunidad de Madrid en busca de las ayudas y beneficios de alquiler que requiera su situación de puerta de inseguridad social, como por ejemplo la bonificación de los alquileres, como las que al recurrente vino concediendo precisamente en razón de su situación de puerta de inseguridad».

LA COMUNIDAD AÚN NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN

Por su lado, fuentes de la Consejería de Vivienda han asegurado a Europa Press que aún no han recibido «notificación alguna» sobre este fallo y que «tan rápido se reciba» y «si de este modo procede» interpondrán un recurso ante esta resolución.

Por su lado, la Asociación de Damnificados por la Venta de Casas del Ivima y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de La capital de españa (FRAVM) han pedido a la presidenta de la Red social de La capital española, Isabel Díaz Ayuso, que empiece «de inmediato» la recuperación de las 3.000 viviendas vendidas a un fondo de inversión, después de que un juez haya determinado la nulidad de la venta.

«Más varapalos judiciales ya no puede sufrir la Comunidad de La capital española en el caso de la venta de nuestras viviendas, conque solicitamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cumpla con los coches de los tribunales y, cuando antes, inicie los trámites para recuperar la integridad de los pisos y nosotros los derechos como adjudicatarios de vivienda pública protegida que perdimos en 2013», ha movido la portavoz de la Asociación, Montse González.

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que están «contentísimos» y «deseando que se empiecen a arreglar los inconvenientes» tras siete años de denuncias y desahucios. «Estamos hechos un lío», ha apuntado.

En exactamente la misma línea se ha expresado el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, que ha señalado que el día de hoy es un día «muy importante y feliz» en tanto que, aunque la Comunidad de La capital de españa puede presentar un escrito de apelación, es «muy improbable que salga adelante, lo que nos sitúa al final de entre los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente», según recogen en un aviso.

«Los tribunales nos han dado la razón de manera contundente, por lo que exigimos al Gobierno regional que se siente a negociar inmediatamente la restauración de todas y cada una de las viviendas y locales malvendidos, compensando a las miles de familias afectadas, velando al fin por sus intereses y derechos como madrileños y madrileñas adjudicatarios de vivienda pública», ha manifestado.

Además, ha esperado que se deje «de una vez por todos de tapar a la justicia y de martirizar a unas familias que, por su bien difícil condición, debería haber apoyado en todo momento».


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