De este modo sería la política española si Twitter sigue «resguardando» la independencia de expresión

USUARIO @MariscalZabalaMontaje de Vox en el momento en que Twitter suspendió su cuenta en el mes de enero de 2020. El lunes se presenta tranquilo para Luis Sanz. Este oficinista se prepara para ir al

El lunes se presenta tranquilo para Luis Sanz. Este oficinista se prepara para ir al trabajo… a la habitación de enfrente. La pandemia de 2020 borró atascos y prisas por salir casa. En 2023, el tiempo que antes perdía en el turismo, en este momento lo dedica a Twitter.

La comunidad es más amena merced a Birdwatch, una herramienta para que cualquiera de los individuos advierta de que un tuit es patraña con la meta de frenar la expansión de los bulos. Luis Sanz la usa bastante. Este ciudadano, informado y comprometido con la libertad de expresión, tiene tiempo, en lo que brincan las torradas, de denunciar como desinformación 25 tuits de partidos, líderes políticos y medios que no encajan con su forma de ver el mundo.

El inconveniente es que cerca de , su vecino, Carlos Alonso, hace lo mismo. Y no. No piensan igual. Esta es la verdad (ficticia) de la política en el altavoz ‘irrealizable’ de Twitter. Los mensajes de los partidos y los artículos más sesudos llegan a todos, pero lejos de quedarse flotando en la red esperando de que alguien decida o no compartirlos, en este momento hay un ejército de ciudadanos activados contra sus adversarios ideológicos.

Birdwatch es la apuesta de la comunidad para mejorar la charla pública. “La gente vienen a Twitter para sostenerse informadas y quieren información creíble que les ayude. Aplicamos etiquetas y agregamos contexto a los tweets. No queremos limitarnos a los mensajes que violan nuestras reglas”, explica Keith Coleman, vicepresidente de Producto de Twitter, en el blog de la compañía.

Twitter va alén de sus reglas e implica a todos los individuos. “Creemos que un enfoque impulsado por la red social puede contribuir a abordar la información engañosa”, profundiza Coleman. El objetivo es que alguien denuncie un tuit no solo por incumplir las reglas de Twitter —promover el terrorismo o formar parte en una campaña de acoso, por ejemplo—, sino más bien asimismo por difundir bulos. 

Y ahí es donde empiezan los inconvenientes: “Relacionarlo con la política es clave, puesto que es en esa esfera donde han surgido estas polémicas y donde ha quedado constituido el concepto ‘fake news’. Pienso que falta una pedagogía despiadado y, más que nada, charlar claro. ¿Quién identifica que algo es falso?”, se pregunta Oriol Simó, especialista en Comunicación y community manager de Cs en Cataluña.

Gustavo Entrala, uno de los mayores expertos en comunicación digital en España y constructor de la cuenta de Twitter del Papa (@Pontifex), ve poco recorrido al plan de la comunidad. “Es un intento de solucionar el inconveniente que tiene Twitter de credibilidad y de las acusaciones que le hacen de fomentar con su algoritmo enormes mentiras. Han pasado por una primera fase en la que los moderadores de la compañía han ido etiquetando tweets de dudosa verosimilitud. Pero la reacción de la gente fué negativa y ahora están con un sistema de verificación masiva. Lo que ocurre es que la forma que tiene la comunidad es en sí polémica; un campo de batalla en la que hay bots peleándose con otros y personas peleándose con otras. Y es difícil rescatar a Twitter de lo que es”, analiza. 

Si a esos propagandistas se les da la capacidad de contrastar noticias, pues no se marcha a arreglar nada y lo que se va a producir es una nueva burbuja de polémicaGustavo Entrala, profesional en comunicación digital.

¿Y cuáles son las consecuencias en el debate político? Entrala va al grano: “Ingresar un sistema en el cual quienes ya participan en Twitter con un punto de vista político muy concreto harán propaganda… Si a esos propagandistas se les da la capacidad de contrastar novedades, ya que no se marcha a arreglar nada y lo que se marcha a producir es una exclusiva burbuja de polémica”.

“Lo que va a suponer esta herramienta es eso: que los equipos trolls, a lo que se dediquen, sea a chequear las ideas políticas contrarias. Y eso, al fin y al cabo, no es chequear nada. Un chequeo rápido de un tweet sobre política o sobre un enorme tema en un medio no puede ser preciso, por el hecho de que canalizar algo tan complejo como es la política… En el final, una herramienta de clasificación de contenidos como verdades o falsedades me parece excesiva porque la mayor parte de la multitud no posee esa aptitud. No la tiene pues la multitud no es juez o periodista”, zanja Simó, de Cs. 

Tras esa herramienta, Gustavo Entrala ya barrunta una ola de cierre de cuentas por la que ciertos partidos ya señalan a la internacional con el dedo, tal y como si se tratase de la nueva Inquisición. La situacion de Vox en España es el más conocido. Su último cierre, de hace solamente una semana, estuvo precedido de un tuit en el que vinculó inmigración y delincuencia sin aportar fuente ninguna a los datos, algo que Twitter vio como “incitación al odio”.

“Las redes están sobreactuando con la eliminación de determinadas cuentas y contenidos. Y el problema es que no son con transparencia en relación a los criterios que están siguiendo para hacerlo. Lo deseable es que hubiese reglas de empleo que todos entendiéramos, pues si son arbitrarias, en el final no tienes idea a qué atenerte y podría estar justificado que la gente dijera que hay censura”, razona Entrala.

La verdad es que Twitter puede suspender algún cuenta. Poco importa el color político y el cargo. La compañía estadounidense se ha erigido en una red tan potente que los tuits son ahora la principal vía de interacción entre ciudadanos y representantes e instituciones. Los inconvenientes vienen en el momento en que los partidos y los propios políticos se quedan sin , como le pasó a Trump en USA y a Vox en España.

Hay profesionales que piensan que la compañía no tiene legitimidad democrática para apagar la independencia de expresión, si bien sea en su dominio. Si un usuario quiere tener una cuenta en Twitter debe admitir las condiciones de uso de la compañía, que se reserva el derecho de suspenderla en caso de que esta infrinja las reglas.

Twitter afirma que su propósito es “estar al servicio de la conversación pública” y que, por eso, ni “la crueldad, ni el acoso ni otros géneros de comportamiento” tienen cabida en la red: “No incentivan a las personas a expresarse y disminuyen el valor de la conversación pública”, zanja la red social. Pero ese objetivo bienintencionado choca, de entrada, con otros derechos.

“Las redes se convirtieron, por muy empresas privadas que sean, en un canal de comunicación en nuestra vida tan habitual como charlar por la calle. Entonces, estos cierres de cuentas suponen una censura por la parte de una entidad privada. Y esto tiene tanto eco en la vida pública que, por supuesto, es una forma de sesgar la opinión de los que intervienen en las redes y de dirigir la opinión de los ciudadanos. El único límite a la libertad de expresión ha de ser visto que se incurra o no en algún delito. Ya sea en las redes sociales o en la vida diaria”, arguye la juez decana de La capital de españa y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.

El único límite a la libertad de expresión ha de ser visto que se incurra o no en algún delito. Ya sea en las redes sociales o en la vida diariaMaría Jesús del Barco, juez decana de La capital española y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Ejemplos de ‘censura’ no faltan. Twitter cerró recientemente la cuenta de Vox. Pero también hace algunas semanas la del sacerdote Juan Manuel Góngora, un párroco almeriense con más de 25.000 feligreses que publicó: “En el momento en que seas padre, vas a comer huevos” y que la comunidad comprendió que incumplía sus reglas internas, que prohíben el abuso y el acoso.

Del mismo modo censuró a Jaime de Berenguer, un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, por usar el término ‘machirulo’. Y hace un año, la cuenta de la ultraderecha asimismo fue suspendida por otra supuesta “incitación al odio”. El enfrentamiento sobre el papel de medios y redes en la articulación de la opinión pública se alimenta de estas situaciones que suelen generar, además de esto, agrias polémicas. 

Las comparaciones entre Twitter y medios están a la orden del día entre quienes defienden la independencia de la compañía para cerrar cuentas. “Lo de Twitter es más excesivo que los medios pues sesga a través del algoritmo. Hay gente a la que hace semanas que no consigues ver en redes por el hecho de que no te salta nada de el. Te brincan cosas de personas a las que ni prosigues… Es que, en el final, te dirigen hacia lo que ellos quieren que mires y, prácticamente, lo que quieren que opines”, razona la juez Del Barco.

En todo caso, aunque Twitter puede apagar cualquier cuenta, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), Nemesio Rodríguez, recuerda que si bien estas empresas pueden tomar decisiones libremente, están sostienes a las leyes de los países en los que hacen sus negocios. En España, es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, de 2002, la que ordena a borrar contenidos que sean precisamente ilegales.

Rodríguez también insiste en que el patrón para eliminar contenido debe ser que sea “precisamente ilegal”, no el que decida Twitter. Es más, este periodista recuerda que en España, como en todo Estado de derecho, son los jueces los encargados de evaluar las vulneraciones de las leyes.

“La legitimidad que tiene un juez no la tiene una empresa privada. De la compañía privada jamás entendemos sus reales intereses. No cabe duda de que tiene un interés económico detrás”, enseña la juez Del Barco, quien asimismo elige que sea un compañero quien cierre la boca digital de partidos y políticos en general. 

Cerrar cuentas no es democrático

La clave del tema reside en lo democrático del tema. “Con independencia del uso que esté realizando el político como usuario y cargo de representación de los servicios de Twitter, no semeja democrático que una compañía tenga esa capacidad de cerrar cuentas. En redes, como en todo, los límites a la independencia de expresión los deben poner los jueces en base al ordenamiento jurídico”, explica Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Facultad de Valencia. “El orden constitucional consagra la independencia de expresión como bien jurídico superior. Y es peligrosa la discrecionalidad atribuida a poderes privados sobre un bien jurídico de tanta importancia”, zanja.

Dejar en manos de una empresa privada la resolución de lo que se puede divulgar o no es un peligro enorme para las libertades. No son juecesNemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Cronistas de España.

Nemesio Rodríguez, de la Fape, lo comparte: “Dejar en manos de una empresa privada la decisión de lo que se puede difundir o no es un riesgo colosal para las libertades. No son jueces. Por otro lado, censurar el alegato de un presidente es un fallo. Puede ocasionar el efecto opuesto: dar argumentos a sus seguidores a fin de que sospechen de que lo censuran porque está diciendo algo que no se desea que se sepa. Lo correspondiente es dejarle hablar pero entonces desmontar sus patrañas con datos y argumento fiables. Aún de esta forma, posiblemente sus fieles más radicales prosigan desconfiando”.

Nuestra Unión Europea ya ha sobre aviso del peligro de que una compañía como Twitter se arrogue la autoridad de elegir unilateralmente cuáles son los límites de la libertad de expresión. Aun nuestro fundador de la red social, Jack Dorsey, admitió que el veto al ahora expresidente de Estados Unidos sentó “un arriesgado antecedente”.

Gustavo Entrala, el profesional en redes, señala a la multinacional el camino que debería seguir para progresar de verdad la conversación pública: “Tienen que ir por otra línea. No ha de ser fácil, pues si , que tienen una compañía, no dan con la tecla… Pero veo modelos, como el de la Wikipedia, donde en el final se ha conseguido producir un instrumento que aporta valor y que cuenta con el método de una jerarquía de editores. Y las disputas, que las hay pero no se aprecian, se manejan con orden. Me da la sensación de que el sendero es ese: el de moderadores que son autoridad en su campo”. El problema es que en la edad digital, la autoridad se ha diluido. ¿Quién hace caso al médico teniendo Internet en el bolsillo?


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