Otros informes ‘casposos’ del Consejo General del Poder Judicial

EUROPA PRESSConsejo General del Poder Judicial A menos de dos semanas del 8 de marzo y en plena polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el organismo emitió un informe desfavorable

A menos de dos semanas del 8 de marzo y en plena polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el organismo emitió un informe desfavorable sobre la Ley de Independencia Sexual o Ley del ‘sólo sí es sí’ elaborada por el Ministerio de Igualdad. En se muestra opuesto a los dos ejes principales de la regla: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.

Por un lado, el dictamen estima que la obligación de que el permiso sea expreso, concluyente e inequívoco por la parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”. El problema, han alertado los vocales, no es conceptual, sino de prueba: “Se estarían alterando de modo sustancial las reglas sobre la carga de la prueba en el desarrollo penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”.

Sobre la supresión de la distinción entre abuso y violación -impulsada, sobre todo, después de las primeras sentencias de La Manada-, el CGPJ cree que puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos mucho más graves.

Qué es lo que significa el informe desfavorable del CGPJ sobre la ley del ‘solo sí es sí’

No es la primera oportunidad que este organismo emite un informe de esta clase contra un nuevo proyecto de ley que pretende seguir en derechos y libertades hacia una sociedad mucho más igualitaria. Asimismo lo logró con la Ley de Violencia de género, la del matrimonio igual o el Estatuto de Autonomía catalán en 2006. Se trata de dictámenes críticos pero no vinculantes. 

Sobre la Ley de Violencia de Género

En 2004, el Consejo General del Poder Judicial prosiguió este trámite con el anteproyecto de Ley sobre Medidas de Protección Integral contra la Crueldad de Género. La mayoría conservadora del CGPJ aprobó el informe del vocal Requero, muy crítico con esta ley, que fue entre las medidas estrellas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las conclusiones de este informe, el CGPJ negaba la crueldad de género como la comprendemos hoy y no consideraba acertado que la norma regulase sólo la crueldad sobre la mujer. “Una ley integral debe cubrir todos y cada uno de los ámbitos en los que actúa la violencia doméstica”, se puede leer en el dictamen. 

Sin perspectiva de género, el informe señalaba también que era “objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas y coacciones leves solo en el momento en que el ofendido sea mujer” y no un hombre. 

Tampoco apoyaban en este artículo la creación de los Juzgados para la Violencia sobre la Mujer, ya que “lleva a una suerte de jurisdicción especial fundamentada en la intención del atacante y el sexo de la víctima”. Tras su creación años después, este tipo de juzgados ha llegado en varias ocasiones al colapso por la proporción de casos que trataban y los expertos señalan la necesidad de que haya especializaciones de género en casi todos los campos. 

 

La Ley contra la Crueldad de Género fue aprobada en 2004 unánimemente con todos los votos a favor en el Congreso de Diputados, convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa en ese instante. 

Contra el matrimonio igual

En el mes de enero del 2005, el mismo organismo aprobó un estudio similar sobre el emprendimiento de ley del matrimonio gay. Fue respaldado por vocales propuestos por el PP y el presidente del Consejo en ese momento, Francisco José Hernando. En esa ocasión el informe incluía un párrafo que afirmaba “llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal”. Esta oración fue por último eliminada. 

El ponente del informe, José Luis Requero, dijo a los periodistas que en ningún caso se produjo comparación entre las uniones gays y las de hombres y animales, sino se empleó la técnica de reducción al absurdo para defender una tesis. También solicitó disculpas por si acaso alguien se había sentido ofendido por esa oración. Desde el organismo defendían que las consideraciones vertidas sobre el informe eran siempre “jurídicas” y también insistían en que el emprendimiento presentaba “dudas de constitucionalidad”. 

Para Requero, la conclusión del informe era que “no había una igualdad jurídica de la gente homosexuales en relación a las heterosexuales con relación a la institución matrimonial, puesto que esta tiene una finalidad, una dimensión y una estructura diferente al modelo de convivencia” de los homosexuales.

El representante del CGPJ, Enrique López, también se posicionó públicamente sobre la regla, desaconsejando que se regulasen las uniones entre personas del mismo sexo bajo la fórmula de matrimonio.

 

No obstante, la ley fue aprobada en el mes de abril de ese año y el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 3 de julio de 2005, transformando a España en el tercer país de todo el mundo tras Países Bajos y Bélgica en aprobar esta ley. Desde entonces, este país es pionero en cuestión de derechos de la gente LGTBI. 

Contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña

No sólo se ha pronunciado de esta manera en concepto de derechos sociales. El CGPJ también se opuso radicalmente a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, la norma básica que regula la autonomía y los márgenes de autogobierno de este territorio. 

El informe cuestionaba la constitucionalidad del emprendimiento de reforma en una votación en la que se ausentaron 2 portavoces. De esta forma lo informó a los cronistas el representante del CGPJ, Enrique López -hoy asesor de la presidenta de la Comunidad de La capital de españa Isabel Díaz Ayuso- quien aseguró que “esa ausencia hay que interpretarla como 2 votos en contra” de los vocales ausentes.

En las conclusiones del informe, el organismo influye una y otra vez en que “la Propuesta es inconstitucional”. “Es inconstitucional desde el instante en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y única titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para parte de España, rompiendo su unidad”, señalaba el informe entre otras muchas conclusiones. 

 El ‘solo sí es sí’, por el mismo camino

En todo caso, el Ministerio de Igualdad anunció que proseguirá adelante con el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual a pesar del informe desfavorable hecho público este jueves.

De este modo lo ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Crueldad de Género, Victoria Rosell: “Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la crueldad de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley -los ministerios de Igualdad y Justicia- es seguir adelante”, ha señalado. 




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