Los otros ‘Hasel’: de qué forma se castigan en todos y cada país los delitos sobre independencia de expresión

GETTY / APNumerosos artistas y conceptos que han causado polémicas recientes sobre la libertad de expresión. Pablo Hasel está en la prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. ¿Se encontraba ejerciendo su

Pablo Hasel está en la prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. ¿Se encontraba ejerciendo su derecho a la independencia de expresión mediante sus canciones y sus tweets? Eso lo que piensan los artistas que han apoyado públicamente al rapero y los participantes de la manifestación que han salido a defenderlo en diferentes ciudades españolas, pero no de este modo la justicia. Arde el enfrentamiento sobre si hacen falta o no líneas rojas y de qué manera tienen que aplicarse. 

España suena en la prensa en todo el mundo para mal, cuestionada sobre la dureza con que aplica sus leyes, pero no es una salvedad, hay mucho más Hasels en el mundo, aun en la progresista Europa. Multas, condenas y censura se dan con relativa continuidad en el viejo conjunto de naciones ante materias intocables pero, sobre todo, en regímenes déspotas que vetan cualquier atisbo de crítica.

“Todo individuo tiene derecho a la independencia de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado gracias a sus opiniones, el de investigar y recibir aclaraciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, cada país hace de su capa un sayo y dibuja los límites a ese derecho en función de sus Gobiernos, de su pasado o de los peligros que cada quien descubre. 

La vecina Francia, por ejemplo, no pasa ni una en lo referido a delitos de provocación y apología del terrorismo, incitación al odio y a la crueldad y amenazas de muerte. Son delitos tipificados y castigados con severidad por el Código Penal: los primeros, por servirnos de un ejemplo, son castigados con entre cinco y siete años de prisión y entre 75.000 y 100.000 euros de multa. Los delitos de incitación al odio tienen la posibilidad de castigarse  hasta con un año de prisión y otros 45.000 euros de multa. La regla tipifica distintas maneras de amenazas de muerte. En primer grado, se castigan con seis meses de prisión y 7.500 euros de multa. En segundo y tercer grado, las penas de muerte se castigan con penas de 3 a 5 años de cárcel, acompañadas de multas de 45.000 a 75.000 euros.

En el momento de denunciar casos de supuestas violaciones en estos flancos, hay concordancia en todo el espectro político: la izquierda y la derecha opínan igual, por más que la independencia de expresión se considere un bien apreciado desde el momento en que se conquistó con la Revolución Francesa. 

Esa unidad se dejó ver recientemente en 2 casos específicos: el del rapero Nick Conrad, culpado hace tres años a abonar 5.000 euros por incitación al odio y por la crueldad en sus letra; el artista, de raza negra, hablaba en sus canciones de “matar bebés blancos”, una “crítica a la esclavitud”, según su lectura. Según informa RNE, desde 1992, más de 15 artistas han tenido que presentar declaración frente a las autoridades galas por el contenido de sus letras.

El año pasado, el fotógrafo italiano Paolo Cirio se vio obligado a retirar una obra llamada Capture pues las fotografías que sumaba en un gran mural mostraban los rostros, con perfección identificables, de agentes de policía retratados a lo largo de una manifestación. Frente a la denuncia popular (el artista habla del exceso de uso del reconocimiento facial e incluye otras composiciones con ciudadanos, en la calle), una regla que se asemeja a la Ley Mordaza española en el punto de retratar a uniformados. 

Alemania es quizá el caso en el que los límites están mucho más claros y son entendidos por toda la población: nada de nazismo, nada de negacionismo del Holocausto. Su Código Penal, desde 2005, tipifica la exaltación del nazismo como una de las maneras del delito de incitación al odio racial y contempla penas de hasta tres años de cárcel. El Tribunal Constitucional nacional dictaminó en su día que la norma era compatible con la defensa de la libertad de expresión. La legislación germana castiga asimismo, desde antes aun, denegar o relativizar los crímenes del nacionalsocialismo y de manera especial la negación de la Shoa.

Entre sus polémicas por la aplicación de este articulado, una bastante similar a la de Hasel, que data de 2007, cuando el ultraderechista rapero Bushido fue acusado de fomentar la homofobia en sus letras. Se prohibió que participase en un concierto y, más tarde, fue condenado a prisión en Austria por una agresión y por estafa en Alemania. 

En 2019, el comediante Böhmermann se encaró a una demanda del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tras burlarse del gobernante con un poema. Fue absuelto, pero el turco usó la oportunidad de pedir prisión para quien difame a un jefe de Estado extranjero. Algunos de sus versos fueron vetados. 

Y hace menos, en 2020, un grafitero de Augsburgo fue culpado a 14 meses de prisión. El llamado Pintor de flores amontonaba penas varias durante más de 30 pinturas, con lo que la juez entendió que el daño material estaba por encima de su derecho a la libre expresión de su arte.

En Italia, lo que se castiga de forma más seria es la apología del terrorismo. Según su Código Penal italiano, se castiga con hasta 15 años de prisión a quienes “promuevan, constituyan, organicen, dirijan o financien asociaciones que se propongan la realización de actos violentos con fines terroristas o de subversión del orden democrático”. Las penas mucho más frecuentes por publicidad o incitación van, por su lado, desde seis meses hasta cuatro años de prisión y multa hasta 6.000 euros, para quien instigue a cometer o cometa él mismo crueldad o actos de provocación por fundamentos raciales, étnicos, nacionales o religiosos.

La Constitución, por su parte, dispone que “todos los ciudadanos tienen el deber de guardar fidelidad a la República”, y se van a poder imponer sanciones a esos que expresan críticas políticas que cuestionen esa lealtad al Gobierno del país.

En Reino Unido es una cuestión de matices. Tienen el “delito de odio” y el “incidente de odio”. El abuso verbal, la intimidación, las amenazas, el acoso, la agresión y la intimidación, así como daños a la propiedad, se incluyen en los llamados “crímenes de odio”, mientras que incidentes relacionados con rasgos personales, como la edad o la pertenencia a un grupo, no se piensan delitos.

Dato que contrasta con España: la difamación y los insultos no están considerados delito en el país, ni siquiera si van dirigidos a la reina, Isabel II, y quien la suceda. De esto dan exhibe numerosas canciones que aluden a la Corona y que son jalones del rock mundial y que, como mucho, se dejaron de producir en la cadena pública BBC, de manera puntual, en décadas pasadas. Se entiende que no pasa de ser una infracción civil, puesto que “la difamación penal fue derogada en el Reino Unido en el 2010, en el momento en que se abolieron también los delitos de sedición y difamación sediciosa, difamatoria y impúdica”.

Fuera del continente europeo, Estados Unidos se destaca como el país que mucho más protege la independencia de expresión y donde más difícil es terminar en la cárcel como Hasel. Lo deja claro en la primera enmienda de su Constitución, que resguarda los derechos a la independencia de expresión y a la de religión, sin interferencia del Gobierno. Y la jurisprudencia de siglos lo recalca: como afirma el Tribunal Supremo es “la matriz, la condición importante para algún otro tipo de libertad”.

Las líneas rojas allí son prácticamente invisibles: no pasa nada por proteger el nazismo o cualquier otro fascismo públicamente (se vio en el ataque al Capitolio de enero pasado), se pueden llevar a cabo manifestaciones y cantos con lemas racistas (se vio como contestación al movimiento Black Live Matters), se puede atacar al presidente (se vio tras la victoria electoral de Joe Biden) y hasta abrasar la bandera del país (eso es ya verdaderamente infrecuente).  

Un caso como el del rapero español sería extrañísimo, aunque el Supremo define que puede haber causas “bien definidas y limitadas con estrechez”, como la obscenidad, la difamación, el fraude, la incitación al crimen y las amenazas. De ahí que haya habido algunos casos de denuncias de grupos ultracatólicos a determinadas series o programas, que en el final se han resuelto con multas por incumplir horarios infantiles y poco más. Prácticamente todos los presidentes han encontrado a un artista que intentó de insultarlos o ridiculizarlos, pero pudieron llevarlo a cabo. Como mucho, se han autocensurado para evitar una costosa demanda.

Y luego están las potencias de Rusia y China, donde los Gobiernos, donde la disidencia y hasta la ironía se pueden pagar con la cárcel, se sea cantante, actor o periodista. Es otra liga. En Moscú, en teoría, la Constitución recoge la libertad de expresión como derecho básico y prohíbe la censura anterior, no se admite la propaganda o la agitación que inciten al odio o a la hostilidad nacional, social y racial. Bajo esas etiquetas se incluyen a los artistas que comprenden que van contra la autoridad, Vladimir Putin en su mayoría, pero asimismo la Iglesia Ortodoxa. 

La situacion mucho más popular es el del grupo de rock Pussy Riot, con un zurrón de arrestos y multas por hablar de la persecución de los gays, los abusos a menores en las iglesias o la violencia policial. “Lo que ganamos fuera en festivales lo perdemos en el hogar pagando multas”, decía una de sus elementos.

A Francia se tuvo que ir, refugiado, el también ruso Petr Pavlensky, por sus críticas al Gobierno. En su país lo procuran por violación, pero se defiende y charla de “acusaciones falsas”. Este artista y activista se cosió la boca en una protesta política contra el encarcelamiento de las Pussy Riot, ejemplo de sus performances extremas. En su país no puede exponer ni preparar acción alguna.

En China los márgenes son aún menores. No los hay, vaya. Crítica (ironía, sarcasmo, también) es homónimo de castigo, de opresión o de exilio. Un régimen no democrático en pleno desempeño. De ahí que, referentes de su arte como Ai Weiwei hayan debido optar por la diáspora en EEUU o Reino Unido. Dentro, el control es demasiado férreo. Son incontables los nombres de castigados. “El gobierno de China considera los derechos humanos como una amenaza existencial”, cita la organización Human Rights Watch, que en sus reportes cada un año cuenta la vigilancia persistente contra la disidencia.  

En los países democráticos no hay consenso pleno sobe este debate, pero no hay duda de que en las dictaduras de manera directa no hay margen de maniobra. 


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Fuertes disturbios en las manifestaciones en múltiples ciudades a favor de Pablo Hasel


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