Cada 30 minutos muere un sanitario por coronavirus

SUSANA VERA / REUTERSUnas sanitarias se abrazan en el homenaje a un compañero fallecido de Covid-19 en el Severo Ochoa de La capital española. La pandemia de coronavirus se ha cobrado la vida de cuando

La pandemia de coronavirus se ha cobrado la vida de cuando menos 17.000 expertos de la salud en el último año, según un nuevo estudio de Amnistía Internacional, En todo el mundo de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union, en el que estas organizaciones instan a adoptar medidas urgentes para acelerar la vacunación de millones de expertos sanitarios de primera línea en todo el mundo.

Esta advertencia llega en un instante en el que las “desigualdades” en el ingreso a la vacuna a nivel mundial no dejan de aumentar. Hasta hoy, mucho más de la mitad de las dosis libres en el mundo entero se han administrado en tan sólo 10 países ricos en los que vive menos del 10 por ciento de la población mundial mientras que, en mucho más de 100 países, aún no han vacunado ni a solo una persona.

Ya que varios de los países mucho más pobres van a recibir sus primeros lotes de vacunas en las próximas semanas y meses, las organizaciones han pedido a los gobiernos que incluyan a todo el personal sanitario de primera línea en sus planes de distribución a todo el personal sanitario de primera línea, como los y las profesionales que en muchos casos fueron ignorados durante la pandemia, por servirnos de un ejemplo personal de limpieza, personal de salud comunitaria y personal de servicios sociales, a fin de salvar vidas y garantizar condiciones laborales seguras.

“Cada 30 minutos muere de Covid-19 un trabajador o trabajadora de la salud. Es una catástrofe y una injusticia. El plantel sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para procurar protegernos frente a la Covid-19 y, sin embargo, en bastantes casos lo hicieron sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello”, ha dicho el directivo de Justicia Económica y Social de Amnistía En todo el mundo, Steve Cockburn.

El plantel sanitario de todo el planeta ha riesgoso su historia para procurar defendernos frente a la Covid-19 y, sin embargo, en bastantes casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por elloSteve Cockburn, director de Justicia Económica y Popular de Amnistía En todo el mundo

Los gobiernos, prosigue, tienen que garantizar la protección de todo el plantel sanitario, en todo el mundo, frente a la Covid-19. “Han arriesgado sus vidas a lo largo de toda la pandemia, y ha llegado la hora de darles prioridad en la administración de estas vacunas que salvan vidas. Es requisito adoptar medidas urgentes para acabar con las enormes desigualdades en el ingreso a las vacunas en todo el mundo, de forma que un trabajador o trabajadora de la salud en Perú esté tan protegido como un médico o médica en el Reino Unido”, ha añadido.

Además, las organizaciones han analizado los datos libres publicados por gobiernos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de sobra de 70 países. Sin embargo, si se tiene presente que varios gobiernos no han recopilado datos oficiales o lo han hecho solo medianamente, es “muy probable” que estas cantidades estén bastante bajo la verdad.

Inseguridad laboral

La inseguridad de las condiciones laborales, unida a la carencia de equipos de protección individual (EPI), han generado, a juicio de las organizaciones, “enormes inconvenientes” para el personal sanitario de todo el mundo durante la pandemia, singularmente en las primeras fases.

En verdad, un informe de Amnistía En todo el mundo de julio de 2020 reveló que prácticamente la integridad de los 63 países analizados carecían de EPI suficientes. Ciertos colectivos se vieron especialmente damnificados por este abandono, y en países como Malasia, México y Estados Unidos, el personal de limpieza, de servicios socorrieres y de servicios sociales han sufrido represalias, entre ellas despidos y detención, por reclamar EPI y unas condiciones de trabajo seguras.

En un notable número de países, el abandono del personal sanitario se ha convertido en una constante durante la pandemia. Hasta la fecha, 1.576 trabajadores y trabajadoras de residencias de personas mayores han muerto por Covid-19 en Estados Unidos.

Además, en el Reino Unido fallecieron 494 trabajadores y trabajadoras sociales en 2020, y los datos públicos del gobierno revelan que la gente que trabajaban en viviendas de mayores y como asistentes sociales tenían más del triple de posibilidades de morir por Covid-19 que la población activa en general.

Del mismo modo, un reciente informe de UNICARE, un departamento de UNI Global Union, destacaba que el plantel de asistencia social que desarrolla su trabajo en diferentes contextos, con contratos temporales con agencias y en instalaciones con menores ratios de personal por cama presentaba mayores índices de contagio y mortalidad.

“Estas muertes son horribles, catastróficas, y reflejan solo parte del verdadero coste de la pandemia para el plantel de cuidados de todo el mundo. El virus no distingue entre un cirujano o cirujana y un enfermero o enfermera de una residencia de mayores o un asistente de atención domiciliaria, y tampoco debe llevarlo a cabo nuestra estrategia sobre vacunación, distribución de equipos de protección y protocolos de seguridad para el personal de cuidados expuesto a la COVID-19”, ha detallado la secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman.

“Nuestra contestación a la COVID-19 debe ofrecer rincón a cambios escenciales en la asistencia puesto que, de lo contrario, reproducirá las desigualdades que han puesto en riesgo tantas vidas innecesariamente”.

El virus no distingue entre un cirujano o cirujana y un enfermero o enfermera de una residencia de mayores o un asistente de atención domiciliaria, y tampoco debe hacerlo nuestra estrategia sobre vacunación, distribución de equipos de protección y protocolos de seguridadChristy Hoffman, secretaria general de UNI Global Union

Desigualdad en la vacunación

En la mayoría de los países, los planes nacionales de vacunación dan prioridad al personal sanitario, muy expuesto al virus; sin embargo, debido a la desigualdad en el ingreso a las vacunas en todo el mundo, en más de 100 países no se ha vacunado ni a un solo profesional de la salud.

Al mismo tiempo, el personal sanitario de algunos países que ya han iniciado sus programas de vacunación corre el peligro de no ser considerado un colectivo prioritario o de tener que esperar para vacunarse, debido bien a la falta de suministro, bien a inconvenientes de ejecución de los planes de vacunación, o bien por una definición limitada del concepto de profesional de la salud.

En términos en general, el personal sanitario en Europa ha sido un conjunto prioritario en el contexto de los planes nacionales, pero los inconvenientes de suministro han ralentizado el proceso de vacunación. En ciertos países, los sindicatos también tuvieron que abogar por que el plantel de las residencias de mayores se incluyese en la definición de personal sanitario, de manera que asimismo se contaran entre los colectivos primarios para la vacunación.

En países como Brasil y Perú, donde la vacunación del personal sanitario comenzó en el primer mes del año y febrero, respectivamente, las organizaciones de expertos de la salud han denunciado que, en ciertos contextos, se ha vacunado al personal administrativo y directivo antes que a los trabajadores y trabajadoras de primera línea. En Perú, parte del personal de limpieza y obtenida de residuos tampoco está recibiendo las vacunas, pese a su exposición al virus.

En Sudáfrica, donde en 2020 murieron más de 492 profesionales de la salud, el gobierno ha empezado recientemente a vacunar a una parte del personal sanitario, en el contexto de un ensayo de la vacuna de Johnson and Johnson, y se prevé que reciba más suministros de la vacuna en los próximos meses, si bien sus proyectos de vacunación iniciales se vieron obstaculizados por la suspensión del uso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. En febrero, el sindicato de personal de enfermería de Sudáfrica (Democratic Nursing Organisation of South Africa, DENOSA) instó al gobierno a asegurar la vacunación de todo el plantel de enfermería de las áreas despobladas del país, que había quedado apartado en la distribución de EPI.

“Es indispensable que los gobiernos den prioridad en sus proyectos de vacunación al personal sanitario”, insisten; por eso instan a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para impulsar el suministro mundial de vacunas, invirtiendo en capacidad de fabricación y garantizando que las empresas productoras comparten sus tecnologías y entendimientos, a fin de asegurar que todas y cada una la gente tengan la oportunidad de vacunarse.

“Un mecanismo clave para apresurar la vacunación y evitar mucho más muertes innecesarias entre el personal de primera línea pasa por una exención de la OMC sobre las patentes que permita abaratar las vacunas, y que debe ir acompañada de subvenciones para los países mucho más pobres que, pese a ello, sigan sin tener capacidad para conseguirlas”, señala Rosa Pavanelli, secretaria general de ISP.

“Todos y cada uno de los gobiernos deben tener aptitud para comprar vacunas contra la COVID-19, así para administrárnoslas, a nosotras y nuestras comunidades, lo antes posible. El plantel sanitario no estará seguro hasta que todos y todas lo estemos”.


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Los sanitarios demandan derechos laborales


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