Condena a España no por investigar a fondo la actuación policial en el transcurso de un ‘Rodea el Congreso’

EUROPA PRESSAgentes antidistubrios a lo largo de una manifestación de ‘Circunda el Congreso’ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha culpado a España a pagar mil euros a una participante de la manifestación por

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha culpado a España a pagar mil euros a una participante de la manifestación por no investigar lo bastante una denuncia sobre una agresión policial que habría sufrido en el marco de los altercados desatados a lo largo de una protesta de ‘Circunda el Congreso’ conmemorada el 18 de octubre de 2012 en La capital española.

La corte de Estrasburgo ha determinado que España ha incurrido en una violación del producto 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre la prohibición de la tortura y tratos inhumanos y denigrantes, porque no ha cumplido los 2 requisitos que exige el propio TEDH para evitar la compromiso por su incumplimiento: que se haya investigado a fondo lo denunciado y que se haya indemnizado el daño en cuantía bastante.

En un caso así, el TEDH ha estimado que “las autoridades no han realizado una investigación efectiva, especialmente por su incapacidad de identificar y también interrogar a los agentes de Policía implicados, tal como de evaluar apropiadamente la proporcionalidad de sus acciones respecto a la demandante”.

Tampoco ha considerado cumplido el segundo requisito, por cuanto la mujer solo recibió una indemnización de 750 euros por medio de una reclamación administrativa frente al Ministerio de Interior. De esta manera, ha ordenado a España compensarla con otros mil euros por daños no pecuniarios.

Una grapa en la cabeza

Según el relato recogido por el TEDH en su sentencia, que fué unánime, la mujer participaba en la protesta de ‘Circunda el Congreso’ en el momento en que tuvo que resguardarse con otros participantes de la manifestación en un bar cercano por el estallido de altercados. En un momento dado, la Policía penetró en el local y lo desalojó por la fuerza.

La demandante denuncia que, fruto de ese desalojo obligatorio, padeció un traumatismo en la cabeza y debieron ponerle una grapa, así como múltiples magulladuras, algo que acreditó más tarde con un informe médico.

Llevó la situacion frente a un juzgado de instrucción de La capital española que lo acabó cerrando por carecer de pruebas y, tras la negativa del Tribunal Constitucional a revisarlo, por considerar que no había violación de derechos escenciales, acudió al TEDH.

Agentes adecuadamente determinados

De manera paralela al proceso, también propuso una reclamación administrativa frente al Ministerio de Interior, que le fue rechazada en un inicio por un silencio negativo, pero que ganó después en la vía contencioso-administrativa.

Este juez se apoyó en un informe del propio Ministerio del 6 de noviembre de 2015, que hasta el momento era desconocido para la mujer y según el cual, si bien no se había podido identificar a los agentes acusados, “hay elementos suficientes para asegurar que la demandante no debía haber sufrido daños imputables a una acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

El tribunal europeo ha amado aludir a la cuestión de la identificación de los agentes por “elementos visibles en sus uniformes”, para reprochar que en el momento en el que ocurrieron los hechos no fue viable, pero festejar que más tarde hubo un cambio normativo en ese sentido.




Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *