¿Vulnera derechos el pasaporte de vacunación contra la covid-19?

Joel Saget / AFP / GettyPasaporte covid. Un producto escrito por Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València. A esta altura, quien mucho más quien menos ha oído hablar del pasaporte

Un producto escrito por Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València.

A esta altura, quien mucho más quien menos ha oído hablar del pasaporte de vacunación o certificado inmunitario. Hablamos de una herramienta digital que demostrará que una persona está vacunada, y cuya posesión habilitará a sus sucesos para efectuar actividades que no van a poder emprender los que carezcan de .

De entrada servirá para viajar –ejercer la independencia de circulación sin las restricciones pandémicas–. Pero no se desecha que también sea la llave para las puertas de acceso a otros bienes, como el transporte, ciertos empleos, recitales, gimnasios…

Finalidad lícita y reservas razonables

La intención del pasaporte es clara y legítima: alzar las restricciones generales a las que ordena la seguridad sanitaria y favorecer con ello una economía muy dañada. El razonamiento según el cual no tiene sentido obstaculizar el movimiento a quienes no son un peligro para la salud pública, si con esto se resguarda el tejido productivo y los empleos de varios ciudadanos, es un razonamiento sólido. Más aún en un país como España, donde el turismo pesó en 2019 mucho más del 14% del PIB .

No obstante, la decisión (ya adoptada) de arrancar el certificado inmunitario no persuade a todo el mundo, o no persuade según en qué condiciones se adopte. Estas reservas tienen sentido.

Los problemas que se plantean tienen relación con la disponibilidad al pasaporte y con la intimidad de los datos de los ciudadanos. Estamos hablando, pues, de derechos escenciales protegidos por ley: el derecho a no ser discriminados en función de una situación personal o popular, y el derecho a que nuestros datos de carácter personal, sobre todo si son tan sensibles como los relativos a la salud, sean protegidos estrictamente.

El riesgo de discriminación y el uso de datos privados

En relación con el riesgo de discriminación, el interrogante es si resulta aceptable que ciertos grupos de personas que no estén vacunadas cuando el pasaporte entre en vigor queden fuera del derecho a efectuar determinadas actividades. La multitud joven, por ser los últimos en la lista de las vacunaciones, o las embarazadas y otras personas como las alérgicas graves, cuyas situaciones les previenen recibirlas, padecerían un trato desigual, que podría considerarse desproporcionado frente a las virtudes económicas que piensa la activación del pasaporte.

Obviamente hablamos de un tema discutible, ya que no hay una regla exacta sobre lo que es proporcionado y lo que no. Lo que sí parece sensato es asumir que la implantación del pasaporte en países que hayan vacunado a la mayoría de su población resulta mucho más aceptable (por existir proporción entre el beneficio que se obtiene y el daño a un número pequeño de personas) que en países en los que esa vacunación haya sido escasa. Tal es así que para evitar o reducir la discriminación, el primer propósito debe ser vacunar a mucha gente cuanto antes.

La otra reserva al pasaporte viene relacionada con el derecho a la protección de datos y las garantías vinculadas a su configuración (sujetos que acceden a los datos, su trazabilidad y rastreo, no almacenaje, compromiso por incumplimientos…).

Se trata de garantías que, conformemente con la normativa social, tienen la posibilidad de ser realizadas de común acuerdo. Pero que habrán de serlo próximamente si no se desea que la empresa privada ocupe y monetarice un espacio –el relativo a los datos de salud de los ciudadanos– que deberían ocupar los gobiernos.

La UE contra reloj

En la cumbre de finales de febrero, la Comisión europea aceptó la adopción del pasaporte como una misión común. Y se dió tres meses para realizarlo. No va a ser fácil armonizar en tan poco tiempo intereses, tecnología y normativas que, aún en el contexto de la Unión Europea, son muy dispares entre algunos de sus Estados.

Con el propósito de la salud pública como principio, será una buena noticia para Europa si consigue un consenso de adentro dirigido a equilibrar la protección de la economía con la igualdad de trato y la privacidad de los datos personales más sensibles. Aún así, en el más destacable de los casos, no podrá eludir dejar atrás a los ciudadanos pobres de los países con menos elementos, a los indocumentados y a personas no vinculadas al planeta digital.

Este producto se publicó originalmente en The Conversation.




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