El TSJM habilita el objetivo de semana para deliberar sobre si suspende el Decreto de convocatoria electoral en la Red social

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) – La Sección Octava de la Salón de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado habilitar con carácter de urgencia este sábado y este domingo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Sección Octava de la Salón de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado habilitar con carácter de urgencia este sábado y este domingo para la tramitación y resolución del recurso interpuesto por la Asamblea de La capital española contra el Decreto con el que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acordó este miércoles disolver la Asamblea de La capital de españa y convocar elecciones en la Comunidad de La capital de españa, han informado fuentes jurídicas.

Estaba previsto que la deliberación de los jueces tuviera de plazo hasta el martes próximo al contar solo los un par de días hábiles una vez presentado el recurso para deliberar conforme a lo que marca el artículo 135 de la Ley que regula la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero por último se va a decidir sobre las cautelarísimas este fin de semana al ser habilitado con carácter urgente.

En el recurso, al que tuvo ingreso Europa Press, se expone que los recurrentes piensan el Decreto de Ayuso «opuesto a Derecho» y recuerdan que «el Parlamento autonómico muestra legitimación en razón de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo por tener interés directo en la medida en que el Decreto de disolución establece la imposibilidad del ejercicio de las funciones parlamentarias previstas en el producto 9 y siguientes del Estatuto de Autonomía».

ESPECIAL URGENCIA

De esta manera, señala que el Decreto impugnado por la Mesa se sitúa dentro del «ámbito de conocimiento» de esa jurisdicción por cuanto hablamos de «una disposición de carácter general».

Sin embargo, apunta el recurso, el Decreto se considera «un acto y se encontraría igualmente en este campo por cuanto se trataría de «un acto sujeto a elementos reglados como son tanto la necesidad de publicación del mismo como la imposibilidad de convenir dicho Decreto en el momento en que se tramite una petición de censura», aludiendo al artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el recurso, se incluye la petición de suspensión cautelar y cautelarísima del Decreto citado por la concurrencia de «circunstancias de especial urgencia en el caso» sabiendo que ya se ha producido el cese de las funcionalidades estatutarias del Parlamento; legislativa, presupuestaria y de control del Gobierno.

Esgrimen sobre esto que concurren dichas situaciones dado que «sin duda alguna la disolución de la Cámara impide el ejercicio de las funciones que como institución muestra nuestra Reunión de La capital española, incluyendo «el ejercicio de la función de control y exigencia de compromiso política al Gobierno mediante la presentación de dos mociones de censura en tramitación en el instante de la publicación del Decreto».

OTROS DERECHOS LESIONADOS

También hablan los recurrentes de los miembros del congreso de los diputados integrantes de la Reunión que vieron suspendido su derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y en resumen, de «todos y cada uno de los ciudadanos de la Red social de La capital española que igualmente tienen reconocido el derecho a la participación en asuntos públicos por medio de sus representantes en virtud del artículo 23.1 de la Constitución, que se vería vulnerado con una disolución contraria a lo establecido en el producto 21.2 del Estatuto de Autonomía».

Del mismo modo, apunta la Mesa de la Asamblea de La capital española en su recurso que serían también lesionados «irremediablemente» otros derechos y facultades que integran el ejercicio de la funciones parlamentarias, añadiendo que no se debe olvidar que «en la Asamblea de Madrid hay hoy día ideas legislativas en tramitación, comisiones de investigación e ideas parlamentarias».

Por consiguiente, insta a suspender dicho Decreto al existir «una concurrencia visible de situaciones de particular urgencia al impedir la tramitación de la integridad de las ideas parlamentarias y en especial las dos peticiones de censura presentadas en la Cámara no solo de antemano a la publicación del Decreto sino asimismo a la comunicación formal y al registro de la firma de Decreto».


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