El Constitucional mantiene a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista del PP

La resolución se fundamenta en la interpretación constitucional del producto 23.1 y 2 de la Constitución De españa MADRID, 15 (EUROPA PRESS) La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha acordado mantener a Toni Cantó y

La resolución se fundamenta en la interpretación constitucional del producto 23.1 y 2 de la Constitución De españa

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha acordado mantener a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista de la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso a las selecciones del próximo 4 de mayo basado en la interpretación constitucional del artículo 23.1 y 2 de la Constitución Española, han informado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías.

La votación exhibe a una Sala «fracturada» al salir empate a tres, siendo resuelto a favor de la desestimación con el voto de calidad emitido por la parte del presidente de la Sala, Juan González Rivas.

Se han anunciado votos particulares por los magistrados Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya. El contenido del fallo se va a conocer en los próximos días.

La Sala, que aceptó el pasado martes el recurso, está integrada por una mayoría de jueces del ámbito conservador de este órgano, que son el presidente y los magistrados Andrés Ollero –ex- diputado del PP–, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya. El tribunal se completa con los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luis Balaguer, que es la ponente de este tema.

Más allá de formar parte al sector conservador, el magistrado González Rivas se ha alineado con los jueces con perfil progresista para verse a favor de la desestimación. El voto del presidente vale doble, con lo que ha resuelto el empate.

Así, se desecha el recurso de amparo interpuesto por el PP en el asunto de exclusión de sendos aspirantes, que proclamados por la Junta Electoral de Madrid, fueron excluidos de la lista, por sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo número 5 de La capital de españa.

La sentencia aprobada se basa en la interpretación constitucional del artículo 23.1 y 2 de la Constitución Española y del grupo normativo que integra el contenido esencial de estos derechos.

El artículo 23.1 establece que «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por voto universal».

El precepto 23.2 señala que «la Constitución Española reconoce el derecho primordial de los ciudadanos «a entrar en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».

CIERRE CENSAL

La Fiscalía solicitó ayer sostenerlos fuera de la lista del PP al no reunir los requisitos que establece la Ley electoral madrileña para ser elegibles.

En las alegaciones se prosigue el criterio del juez de lo Contencioso-Administrativo que acordó apartarles al no realizar los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

El fiscal esgrime que para el ejercicio del derecho de voto activo en la Comunidad de Madrid es «importante, con arreglo al artículo 2.2. de la ley, la inscripción en el censo electoral vigente, que va a ser cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria».

Los ‘populares’ decidieron asistir al tribunal de garantías al «no ser cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo», un extremo que «nunca se ha demandado hasta esta situación».

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en La capital española. Pero el juez comprendió a instancias de un recurso del PSOE que los dos empadronamientos no cumplían con la normativa basado en que la Ley madrileña establece que no puede presentarse «quien no esté domiciliado en La capital española antes del 1 de enero de 2021».

El PP impugnaba en su recurso «la interpretación restrictiva del derecho primordial de participación política» que hace el juez de instancia, tal como la imposición de «un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina» con relación a la exigencia de empadronamiento previo al cierre censal.


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