El TC manifiesta que «no es posible» ser «mucho más maleable» con la norma para eludir «empadronamientos de conveniencia»

Los votos particulares se detallan a favor de «una interpretación de la legalidad del modo mucho más favorable» al ejercicio del voto pasivo MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – La Salón Primera del Tribunal Constitucional


Los votos particulares se detallan a favor de «una interpretación de la legalidad del modo mucho más favorable» al ejercicio del voto pasivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Salón Primera del Tribunal Constitucional se ha mostrado en contra de una interpretación «mucho más maleable» del derecho primordial del sufragio pasivo como pedía el PP en su recurso contra la exclusión de Toni Cantó y Agustín Conde de su lista a las elecciones al ser «abiertamente contraria» a la previsión legal para evitar «empadronamientos de conveniencia», por lo que concluye que no pueden ser aspirantes al «no tener la condición de electores anotados en el censo electoral vigente».

En la resolución y cuyo fallo se adelantó ayer, a la que ha tenido acceso Europa Press, se desestima el recurso contra dicha exclusión al no cumplir el requisito de ostentar la condición de electores para esta convocatoria electoral.

Tanto la Fiscalía como el PSOE solicitaron la desestimación del recurso de amparo al comprender que la corrección de la lista, por parte del órgano judicial, no suponía vulneración alguna del derecho de sufragio pasivo de ninguno de los recurrentes.

La Sala, que adopta su decisión por mayoría acudiendo al voto de calidad de la presidencia, rechaza que haya existido vulneración del derecho de voto pasivo, del derecho a entrar en condiciones de igualdad a los cargos públicos y vulneración alguna de su derecho a no sufrir indefensión.

La sentencia define el derecho de sufragio pasivo como «un derecho de configuración legal, tal y como se establece en la jurisprudencia previa». Desde esta propuesta, el Tribunal lleva a cabo «una interpretación del ejercicio del derecho de sufragio pasivo coherente con la unión del mismo a las previsiones legales específicas de la convocatoria electoral en causa».

MARCO NORMATIVO

Según el TC, el análisis del marco normativo permite terminar que, a pesar de que ostentan la vecindad administrativa y la condición de ciudadanos de la Red social de La capital de españa, por haberse empadronado en la ciudad de La capital española antes de complementarse en la candidatura del Partido Popular, no tienen la posibilidad de ser aspirantes, al «no tener la condición de electores inscritos en el censo electoral vigente, según pide el artículo 2 de la Ley de Electoral de la Red social de Madrid».

Además de esto, comprende que tal carencia no puede ser subsanada por la vía del producto 4.2 LECM, que solo permite «acreditar que se cumplían los requisitos para estar inscrito en censo electoral al instante de su cierre, el 1 de enero de 2021».

Por tanto, de acuerdo con la LECM y en el Estatuto de Autonomía de la Red social de La capital española, para ser seleccionable «en las selecciones a la Reunión autonómica, resulta necesario tener la condición de elector en la Comunidad Autónoma, lo que implica ser mayor de edad y ciudadano de la CAM, certificándose esto último mediante la inscripción en el censo electoral vigente» o mediante alguno de las otras vías previstas en la ley, siempre que el elector cumpla los requisitos demandados para estar incluido en ese censo electoral.

«En el caso de los señores Cantó y Conde, su falta de inscripción en el censo vigente para las elecciones autonómicas, determina que no tienen la posibilidad de incorporarse al cuerpo electoral con el conjunto de la ciudadanía de la Red social de Madrid, sino, en el instante de presentación de su candidatura, están incluidos en otro cuerpo electoral, pertinente a distinta circunscripción», recopila el fallo.

Los jueces recalcan que «una interpretación más flexible del derecho fundamental en cuestión, en el sentido solicitado en la demanda de amparo, no es posible si exactamente la misma es abiertamente contraria a una
previsión legal, que pone de manifiesto la voluntad del legislador, expresada en la exposición de fundamentos de la LO 2/2011, por la que se modificó el producto 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) entre otros, de evitar empadronamientos de conveniencia».

VOTOS PARTICULARES

La sentencia cuenta con tres votos particulares. El primero, formulado por el magistrado Andrés Ollero quien considera que debió estimarse el recurso de amparo electoral por «vulneración del derecho primordial de los recurrentes al sufragio pasivo». En su opinión, la especial trascendencia constitucional del problema «no funciona» con un intento de solución formalista.

Por contra, «la vigencia del censo quedaría vinculada a que los recurrentes reúnan o no los requisitos para lograr sujetos pasivos en el proceso electoral; interpretados siempre y en todo momento del modo más conveniente, al tratarse del ejercicio de un importante derecho primordial».

Además, cree que resulta «misteriosa» la afirmación de que «la inscripción en el censo o en el padrón municipal de pobladores, de los ciudadanos españoles, «no era condición necesaria para ser candidato», sobre lo cual precisó este Tribunal que la norma se refiere a «los aspirantes españoles a los comicios municipales y al Parlamento Europeo, al tiempo que a los no españoles se les exige taxativamente tal inscripción en el censo», ya que su condición de españoles no fué felizmente puesta en duda».

Asimismo disiente del fallo el magistrado Santiago Martínez-Vares al apuntar que «la sentencia se separa de la doctrina constitucional que pide llevar a cabo una interpretación de la legalidad del modo más conveniente a la efectividad del ejercicio del derecho primordial al sufragio pasivo».

Este principio interpretativo «es de especial importancia en el desarrollo electoral, en donde se ejercitan de forma eficaz los derechos de sufragio activo y pasivo que, por estar en la base de la legitimación democrática del ordenamiento político, tienen que recibir un trato especialmente respetuoso y favorable».

Bajo su punto de vista, aplicada la doctrina al caso planteado, cree que el requisito de estar anotado en el censo electoral vigente, hace aparición «exceptuado de forma exclusiva» para los candidatos, no para los votantes, o sea, se exceptúa por el producto 4.2 de la Ley Electoral Madrileña para los que «aspiren a ser proclamados aspirantes y no figuren incluidos en las listas del censo electoral vigente».

MÁS FAVORABLE AL SUFRAGIO PASIVO

El tercer voto especial lo formula el magistrado Alfredo Montoya quien asimismo cree que el recurso de amparo debió ser estimado en «aplicación del principio de interpretación de la ley en el sentido más conveniente al ejercicio del derecho de sufragio pasivo del art. 23.2 CE».

Era viable entender que «la ley electoral madrileña vincula la condición de elector y la de seleccionable por medio de la exigencia de inscripción en el censo electoral aplicable a las elecciones de que se trate, pero, a la vez, su art. 4.2 elabora una salvedad a esa regla que permitiría que ciudadanos no anotados en el censo vigente a la fecha de convocatoria de las selecciones tengan la posibilidad de ser aspirantes, siempre y cuando, como se daba en el caso, cumpliesen los requisitos exigidos para esto en el instante en el que se presentó la candidatura».

«La pura existencia de esta interpretación mucho más conveniente al ejercicio del derecho fundamental de voto pasivo hubiese debido llevar a deducir el presente recurso, en tanto que tal interpretación no únicamente es más favorable al ejercicio del derecho sino asimismo se adecúa mejor al tenor así de los preceptos ajustables y a su interpretación sistemática en el seno de la ley electoral de la Comunidad de Madrid», alegan.


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