La juez cree que el letrero de Vox necesita de «algo más para charlar de un hecho que merezca reproche penal»

Dice que la jurisprudencia pide «una incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo» MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – La juez Carmen Rodríguez Medel, al frente del Juzgado número 48 de Madrid,


Dice que la jurisprudencia pide «una incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo»

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) –

La juez Carmen Rodríguez Medel, al frente del Juzgado número 48 de Madrid, arguye en el coche por el que deniega la medida cautelar de retirada del cartel electoral de Vox contra los menas que se necesita de «algo más para charlar de un hecho que merezca reproche penal» al no entrañar una «incitación dolosa y pública a terceros que produzca un peligro», tal y como pide la jurisprudencia.

De este modo consta en el auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la juez, famosa por enseñar el ‘caso máster’ de Cristina Cifuentes, cree que no se dan los requisitos contemplados en la ley para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Madrid en su escrito en labras a la protección de la dignidad de los inferiores.

En primer lugar, repudia la solicitud alegando que «no puede mantenerse que quiera evadirse ocasionar mucho más perjuicios al colectivo al que atañe a través del cuidado del letrero cuando por un amplio elenco de colectivos se dió enorme difusión a la existencia y contenido del mismo» dado que está colgado en espacios de publicidad de la estación de tren de Sol.

Tras ello, pasa a investigar la calificación jurídica a la que apunta el fiscal con relación a un delito del odio sosprechado en el artículo 510 del Código Penal.

Primeramente señala la juez que «solo a efectos de esta medida cautelar, el hecho objeto de la petición no reviste apariencia de hecho delictivo y, consecuentemente, no justifica la adopción de una medida cautelar».

Apunta que «lo primero que acuerda la Fiscalía es tratar de averiguar si la información que hace aparición en el cartel objeto de este procedimiento es o no veraz», lo que en su opinión, «es ya significativo de la atipicidad de la conducta».

«La calificación jurídica del hecho como delito de odio no puede depender de si las cifras que se muestran en el letrero son o no ciertas», señala agregando que «lo delictivo sería que, del propio tenor literal del texto del cartel, fuese cierto o no, se desprendiese esa incitación al odio que hiciera que la conducta sea repudiable penalmente y que no pueda enmarcarse en el ámbito de la independencia de expresión».

«Todo ello afectando de manera supraindividual a un colectivo vulnerable (cosa que claramente es aplicable al caso) y por un medio público y susceptible de llegar al conocimiento de bastante gente (cuestión que también comprendemos que concurre)», subraya.

REPROCHE PENAL

También critica que el fiscal no concrete ante qué conducta se está del mencionado delito, con lo que se centra en investigar la interpretación que hace el Ministerio Público de la imagen que traslada el letrero a la opinión pública.

El cartel refleja, según el fiscal, «una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, beligerante y delincuencial, siendo este el término incorporado con carácter general en relación a un sujeto encapuchado, embozado y racializado».

La juez concluye que no se dan los requisitos establecidos en la jurisprudencia, que viene demandando «algo mucho más para hablar de un hecho que merezca reproche penal» como en concreto «una incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo».

De esta forma, remarca que «debe acreditarse su idoneidad para tener repercusión sobre terceros» y menciona a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es «clara». «Este Tribunal no puede sino comunicar que no todo ejercicio extralimitado del derecho a la libertad de expresión ni la existencia de un sentimiento de odio convierten sin más la conducta enjuiciada en un ilícito penal», apunta en referencia a una sentencia del tribunal de garantías.

«La apariencia de buen derecho dista mucho de estar clara en la situacion que nos ocupa por lo que, no concurriendo tampoco el segundo de los capitales para su adopción, la medida cautelar inaudita parte debe denegarse», establece.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía reclamó «en el plazo mucho más breve viable» la retirada del cartel promocional donde se visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de «abuela» y se imputa como coste económico en término de pensión la cantidad de 426 euros.

La solicitud de retirada del cartel no solo afectaba al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de La capital de españa, sino más bien también «a todos y cada uno de los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio promocional y colocado por el anunciante denunciado».

Tras la desestimación de la medida cautelar solicitada, será el Juzgado de Instrucción número 53, órgano encargado de la causa, el que prosiga el procedimiento instado por el ministerio público por la presunta comisión de un delito de odio.


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