La Comunidad vota en contra de la posición del Ministerio de Derechos Sociales sobre los inferiores migrantes de Ceuta

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) – La Red social de Madrid ha votado en contra del acuerdo que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a lo largo de la


MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) –

La Red social de Madrid ha votado en contra del acuerdo que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a lo largo de la junta extraordinaria del Consejo Territorial convocada para emprender la situación de los menores migrantes que han entrado en la Localidad Autónoma, al considerar «errante» la política migratoria y exterior del Gobierno de España, han informado a Europa Press fuentes regionales.

El asesor de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado «el apoyo y la solidaridad» del Ejecutivo regional con la situación que está viviendo Ceuta y ha insistido en la desacuerdo de la Red social de La capital española con los criterios usados para el reparto de 200 menores que ya están en el sistema de protección de Ceuta entre las comunidades autónomas.

«Estos criterios no son iguales a los usados en la reciente crisis migratoria de Canarias, y es indispensable que se trabaje en unos criterios únicos, estables y consensuados por todas las Comunidades Autónomas desde este momento, no pudiendo haber distintas proposiciones efectuadas en ocasiones de crisis y en las que no existe un tiempo razonable para su estudio y presentación de propuestas elecciones», ha subrayado.

Igualmente, respecto a los 5 millones de euros anunciados por el Ministerio para apoyar la acogida de estos menores, las mismas fuentes consideran que «se genera una situación tan chocante como que en este caso se propone un reparto proporcional en función de los inferiores acogidos, al paso que en 2020 la Comunidad de Madrid atendió a 823 menores extranjeros no acompañados y no recibió ningún tipo de fondos del Estado».

Además, Ruiz Escudero ha demandado al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en el marco de sus competencias, «que no delegue por mucho más tiempo el peso de la política migratoria en las Comunidades Autónomas y que articule los mecanismos de planificación, coordinación y financiación que le corresponden inmediatamente».


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