Un juez anula por vez primera una sanción por desobediencia en el estado de alarma tras la sentencia del TC

Ten en cuenta que la resolución de inconstitucionalidad tiene efectos retrospectivos en relación invalida la ley cancelada desde su mismo origen MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) – El juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de


Ten en cuenta que la resolución de inconstitucionalidad tiene efectos retrospectivos en relación invalida la ley cancelada desde su mismo origen

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) –

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de La capital española ha anulado una sanción de 601 euros impuesta por el Municipio de La capital de españa a una muchacha individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta, a la que representa legalmente su progenitor, por no respetar las restricciones aprobadas en el primer estado de alarma tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal esta situación.

En una sentencia, a la que tuvo ingreso Europa Press, el magistrado estima el recurso presentado por la menor, mediante su representación legal, contra la sanción impuesta por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana como consecuencia de un acto de desobediencia a las restricciones impuestas por el Gobierno para eludir la extensión del virus.

La sanción se impuso a lo largo de la vigencia del estado de alarma y en este momento se declara la actuación administrativa disconforme a derecho tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma, sin realizar aclaración alguna sobre los efectos jurídicos con relación a las multas impuestas.

En este momento el juzgado recuerda que las sentencias recaídas en métodos de inconstitucionalidad vinculan a todos y cada uno de los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Folleto Oficial del Estado.

De este modo, remarca que «la decisión de inconstitucionalidad» declarada por el Constitucional tiene «efectos retrospectivos en cuanto invalida la ley anulada desde su mismo origen».

«La sentencia de inconstitucionalidad debe recibir aplicación aun para actos y situaciones jurídicas anteriores en el tiempo a la publicación de la sentencia constitucional, y todo ello porque un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún instante, pues la que presuntamente le daba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real», recalca el fallo judicial.

En su sentencia, los magistrados del TC alegaron que el instrumento jurídico a aplicar debería ser el estado de excepción atendiendo a la «gravedad y extensión» de la pandemia, que imposibilitó ‘de hecho’ un normal funcionamiento de las instituciones democráticas mientras que los ciudadanos vieron afectados el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las ocupaciones educativas «y las de casi cualquier otra naturaleza».


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