El fiscal ofrece llevar a juicio solo al subinspector del operativo en el que se usó un ariete para frenar una fiesta

Solicita archivar la situacion respecto a los otro cinco agentes por estimar que actuaron conforme a derecho MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de Madrid propuso llevar a juicio por la supuesta comisión


Solicita archivar la situacion respecto a los otro cinco agentes por estimar que actuaron conforme a derecho

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía de Madrid propuso llevar a juicio por la supuesta comisión de un delito de allanamiento de morada al subinspector del operativo policial desplegado el pasado 21 de marzo para frenar una celebración ilegal en una casa de la calle Lagasca en la que los agentes accedieron a la fuerza con un ariete tras negarse el inquilino a abrir la puerta.

El juez Jaime Serrat, adelante del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ha celebrado esta mañana una audiencia para mover a los seis agentes procesados por estos sucesos su imputación por un delito de allanamiento de morada.

La audiencia se celebra de conformidad con los trámites del trámite del jurado popular. Además de informar sobre la acusación, las partes han pedido la práctica de diversas diligencias. 4 de los agentes están representados por la Abogacía del Estado, mientras que a otros dos les transporta la defensa el Sindicato Unificado de Policía.

La causa tiene su origen en una querella interpuesta por el inquilino, a través del despacho penalista Ospina Abogados, por los delitos de allanamiento de morada y daños. La Audiencia Provincial de La capital española ordenó al juez investigar los hechos frente a los posibles excesos policiales.

A lo largo de la vista, el fiscal ha propuesto archivar la causa en relación a cinco agentes al estimar que actuaron conforme a derecho. En cambio, ha planteado llevar a juicio solo al jefe del operativo al entender que ha podido incurrir en un delito de allanamiento de morada.

Los policías interpusieron últimamente un recurso ante la Audiencia Provincial de La capital española contra el auto por el que el instructor acordaba comenzar los trámites para llevarles a juicio al estimar que su actuación estuvo amparada por el marco jurídico legal y apoyada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Antes de la vista, el representante del SUP, Carlos Morales, ha recordado que cuando se produjeron los hechos el ministro del Interior defendió la legalidad de la intervención. «El ministro lo vio como todos y cada uno de los vimos que está actuación se encontraba de conformidad con derecho y que se estaba cometiendo un delito de resistencia y desobediencia», ha explicado.

Según el sindicato, los vecinos manifestaron nada más llegar los agentes que llevaban tres semanas tolerando estas fiestas en un piso que los agentes piensan que era turístico. Una vez en el rellano, los policías estuvieron esperando más de treinta minutos a que las personas saliera a identificarse, dando la advertencia de que estaban cometiendo un delito.

«Bajo ningún concepto queríamos entrar salvo que se estuviese cometiendo un delito grave. y De este modo fue. Había cinco personas que querían salir. De ahí que, consideramos que probablemente halla un delito de coacciones y lesiones a los vecinos, ha subrayado.

De la misma forma, desde el sindicato policías insisten en que los agentes actuaron conforme al marco jurídico legal en base a las instrucciones dadas por el DAO (Dirección Anexa Operativa) de Policía Nacional.

Por su parte, el letrado Juan Gonzalo Ospina propuso pedir presentes a fin de que se compruebe si se cometió un delito flagrante y si hubo un error de tipo o de prohibición relación a si los agentes lograron interpretar mal las instrucciones o si desconocían que estaban incurriendo en un delito. «No buscamos venganza, sino que en España hay derechos escenciales», ha aseverado.

DILIGENCIAS SOLICITADAS

Entre las diligencias pedidas, el letrado del inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado que se cite a declarar en calidad de testigo al gerente jurídico de Netpol Seguridad S.L., ; así como a su directora ejecutiva e inclusive al administrador de dicha empresa, a efectos de que comparezcan a manifestar si tienen algún nivel de vínculo o relación análoga con los agentes investigados.

La petición está dirigida a conocer el nivel y entendimientos jurídicos sobre los hechos enjuiciados, sus conocimientos sobre los delitos de allanamiento de morada y contra la inviolabilidad del domicilio, así como sobre los supuestos fallos de prohibición de los investigados, y si los mismos tuvieron formación en tal academia.

Por otra parte, los agentes han pedido que testifiquen frente al juez vecinos del edificio de la calle Lagasca en el que se produzco la intervención policial, así como el testimonio de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda donde se celebraba la fiesta.

RECURSOS DE LOS AGENTES

En su recurso, las defensas de los policías sostiene que «el inmueble donde sucedieron los hechos no forma morada, sino que, por contra, hablamos de un piso que fue alquilado con la exclusiva finalidad de festejar fiestas, infringiendo la normativa existente como consecuencia del Estado de Alarma decretado por la pandemia», un extremo al que se enfrenta el letrado del inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina, al no tratarse de un piso turístico al llevar el inquilino un año de alquiler.

La impugnación remarca que es «un hecho acreditado que durante el Estado de Alarma, y más en concreto en las datas en las que sucedieron los hechos, se arrendaron pisos turísticos que, bajo el aspecto de pisos premeditados al hospedaje de turistas, se destinaron únicamente a la celebración de fiestas, evitando la normativa impuesta.

El recurso recoge que los agentes declararon ante el juez que lograron ver que «se trataba de un piso usado para la celebración de fiestas ilegales y no de un piso usado como vivienda, no de carácter temporal».

«Conclusión a la que llegaron tras ver, entre otras cosas, que no constaba nombre identificativo en el buzón de la correspondencia, que la puerta del inmueble disponía de un sistema de apertura telemático o tipo WiFi de los que habitualmente se usan en los pisos turísticos y que, los propios vecinos, moradores del piso 1º C, y requirentes, manifestaron que tenía que ver con un piso empleado únicamente para llevar a cabo fiestas de jueves a domingo.

La investigación penal se abrió a causa de una demanda del inquilino y después de que la Audiencia Provincial de La capital de españa ordenara investigar a los agentes por sobrepasarse en su intervención policial.

AMPARADOS POR LA LEY

Los policías defendieron ante el juez que su intervención se efectuó acorde derecho en defensa del reposo vecinal. Manifestaron entonces que estaban amparados por la ley al estimar que se estaba cometiendo un delito de desobediencia al negarse el inquilino y la gente que estaban festejando la celebración en el interior a identificarse.

Sin embargo, el letrado del inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina, se mostró opuesto a la posición de los agentes al manifestar que en el caso de que no se hubiesen identificado se hubiese incurrido en una infracción administrativo y no en un delito flagrante tipo un intento de homicidio, en tal caso los agentes podrían haber actuado.


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