El Gobierno empieza a tramitar la devolución de todas las multas del primer estado de alarma

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) – El Gobierno ha creado un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas y cada una de las multas que se impusieron a los ciudadanos a lo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha creado un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas y cada una de las multas que se impusieron a los ciudadanos a lo largo del primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo gestionados por la administración, conforme han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma –y debe decir sobre el segundo–, el Ejecutivo creó equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando asimismo la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.

Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno procederá a la devolución «de oficio» de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para esto, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta corriente desde la que poder llevar a cabo la transacción.

En el equipo forman parte las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, que tienen la rivalidad en esta materia transferida. De hecho, el vicelehendakari y asesor vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció a principios de octubre que se procedería a la devolución.

MÁS DE UN MILLÓN DE MULTAS

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró incostitucional esta medida.

El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma –desde el 14 de marzo al 21 de junio–, y por lo menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma –desde 26 de octubre hasta mayo–, según datos del Ministerio del Interior otorgados en el tercer mes del año, en el momento en que se cumplió un año del primero de los estados de alarma.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizó la cifra en el mes de mayo al reportar de que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno habían resuelto ya con sanción 172.482 expedientes, el 50,1% del total.

Las delegaciones del Gobierno gestionaron estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Correspondía, por tanto, al confinamiento domiciliario mucho más estricto y a las multas gestionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’.

170.000 SE HABÍAN COBRADO HASTA MAYO

De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 estaban todavía en desarrollo de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se había determinado que, a la vista de los hechos, «no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas».

Andalucía (195.986) y La capital española (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de demanda se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las inferiores cifras, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.

Para atender al volumen de expedientes y a la «desmedida carga de trabajo», Política Territorial anunció en el mes de mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran «resueltos en tiempo y forma». En total, había 235 efectivos en todo el país encargados de saber si, a la visión de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.


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