Mediadores inmobiliarios y participantes respaldan la operación de venta de VPO de la EMVS en el fondo Blackstone

Manifiestan en el juicio que no apreciaron nada «extraño» en el trámite de venta, «publicitado» y «normal» MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) – Los compañías que intermediaron en la operación de compraventa de 1.860 casas


Manifiestan en el juicio que no apreciaron nada «extraño» en el trámite de venta, «publicitado» y «normal»

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) –

Los compañías que intermediaron en la operación de compraventa de 1.860 casas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y las participantes a la adjudicación han respaldado en el juicio el trámite realizado a lo largo de nueve meses de 2013 por la empresa pública para conseguir liquidez y poder sobrevivir a la crisis del mercado inmobiliario.

El juicio contra el exconsejero encargado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alonso Benavides ha entrado en la etapa testifical con la comparecencia de los representantes legales que formaron parte de los trámites anteriores a la compraventa. La visión oral proseguirá el próximo miércoles.

En primer lugar ha testificado el director jurídico del conjunto Azora, fondo de inversión que fue contactado a finales de 2012 por Morgan Stanley para presentar una oferta en el certamen para ser adjudicatario de la venta de 18 ofertas de VPO.

Específicamente, el Grupo Azora-Morgan Stanley Real Estate Investing VII Global-GP, L.P. presentó tres promociones. Una primera por 112.000.000 euros y las dos siguientes mejoradas.

«Fue un certamen excepcionalmente publicitado. No hemos visto nada extraño en el trámite. La EMVS buscaba maximizar el valor y fue un proceso competitivo. La oferta que ganó era mayor a un 20%», ha subrayado.

Ahora, ha proclamado un gerente de la asesora Price Water House (PwC), contratada por la EMVS para efectuar un plan de Viabilidad en aras a sostener a la empresa pública ante su crítica situación financiera.

El representante explicó que se hizo un informe de viabilidad, que incorporaba la potencial venta de unas promociones de casas. «Era razonable para sanear la situación financiera desprenderse de activos. En el informe se hablaba del interés de inversores extranjeros en activos inmobiliarios», explicó

La EMVS encargó a PwC una valoración de los referidos activos, que finalizó con un informe de 2 de abril de 2013 por el que se estimaba que el valor de compra estaba en una horquilla ubicada entre 117 y 135 millones de euros.

Al respecto, ha esgrimido que la tasación de la venta de tales activos inmobiliarios entraba en el rango de costes del mercado y se realizó por el procedimiento frecuente de descuento de flujos de caja.

El representante legal de BNP Paribas Real Estate Advisory Spain S.A. entre las intermediarias para prestar sus servicios a la EMVS, ha señalado que «no fue un proceso opaco» y que el precio final era «precio del mercado».

Un socio de Itaca, la empresa adjudicataria para sugerir servicios de intermediación a la EMVS, explicó que su cometido era buscar inversores apasionados en esos activos. Entre los inversores estaba el grupo Blackstone Group En todo el mundo Partners LLP-Magic Real Estate S.L., que resultó adjudicatario.

A cuestiones del fiscal sobre si apreció algo extraño en el procedimiento de venta, ha contestado que no. «Todo era acorde con la información dada para el desarrollo. Fue un procedimiento normal como suele ocurrir», ha señalado.

Las acusaciones ejercidas por el PSOE y los afectados consideran que de las declaraciones se desprende que la operación de compraventa se encontraba clausurada mucho antes de que se efectuará el concurso público. En el mes de febrero de 2013 ahora se habría cerrado la venta con Blackstone más allá de que la firma fue el 31 de octubre de 2013, según sostienen los abogados de sendas acusaciones particulares.

En la fase testifical está citada el próximo 12 de noviembre la exalcaldesa de La capital de españa Ana Botella, quien fue absuelta por la parte del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas.

FRAUDE Y MALVERSACIÓN

En el juicio, el fiscal no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita la absolución. En cambio, la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS pide ocho años de cárcel por estafa, prevaricación, malversación de causales públicos y un delito del producto 289 del Código Penal, tal como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.

En su declaración, el exconsejero delegado de la EMVS explicó ayer la mala situación financiera que encaraba la empresa pública por la crisis del mercado, ya que «no había posibilidad de venta de activos ni de suelo».

Se sienta en el banquillo al ser el máximo responsable de la operación que firmó para la venta de 1.860 viviendas sociales al citado fondo de inversión por 125,5 millones de euros, un precio por debajo del valor neto contable.

«La situación desde un punto de vista financiero era bien difícil de mantener. No había venta de suelo libre ni de uso residencial. Era difícil acceder a préstamos hipotecarios y la venta de casas era inexistente», apuntó.


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